Una grave situación ha sido alertada por los magistrados del Tribunal Constitucional, César Tolosa Tribiño y Concepción Espejel Jorquera, al estimar parcialmente los recursos de amparo de ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los ERE fraudulentos y las ayudas a empresas. Estas sentencias, aprobadas por la mayoría del tribunal, han sido criticadas por declarar de facto irresponsables a los recurrentes y otorgarles un privilegio de inviolabilidad e inmunidad.

En un comunicado, los magistrados explican su desacuerdo con las sentencias que han permitido la liberación de algunos de los condenados, argumentando que no se han vulnerado los derechos a la legalidad penal ni la presunción de inocencia como se afirma en las resoluciones del Tribunal Constitucional.

La sentencia inicial del caso data de 2019, y fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2022, lo que llevó al ingreso en prisión de varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Sin embargo, recientemente el Constitucional ha estimado parcialmente los recursos de amparo y anulado penas, lo que ha resultado en la liberación de algunos de los condenados.

Estos magistrados del Constitucional argumentan que la doctrina plasmada en las sentencias anula penas de cárcel de manera arbitraria y carece de sustento racional. Además, señalan que el tribunal ha suplantado al Supremo al revisar las decisiones tomadas por este último, lo que representa una situación inédita en la historia del tribunal.

En el caso concreto de algunos ex altos cargos, se destaca que las leyes de presupuestos no amparaban sus acciones ilegales, lo que desacredita la premisa de que actuaban bajo el respaldo legal. Estos magistrados consideran que las sentencias del TC dejan dudas sobre la responsabilidad de los condenados y generan un precedente peligroso en cuanto a la gestión de fondos públicos.

En definitiva, este caso ha despertado controversia en el ámbito judicial al poner en duda la validez de las condenas y resaltar posibles fallos en la interpretación de la ley. La polémica sigue abierta y se espera que la decisión del Tribunal Constitucional sea objeto de debate en los próximos días.