Ecologistas en Acción ha manifestado su inquietud respecto a la adjudicación de la nueva explotación de la mina de Los Frailes, ubicada en Aznalcóllar, y ha instado a que la Junta de Andalucía debió declarar "desierto" el concurso, ya que ambas propuestas presentadas no cumplían con los requisitos ambientales necesarios.

Este pronunciamiento se produce en un contexto de tensión judicial tras el juicio que tuvo lugar en la Audiencia de Sevilla, donde se investiga la posible comisión de delitos relacionados con la adjudicación del proyecto minero a la empresa Minorbis, vinculada al grupo mexicano Grupo México. La organización ecologista espera que la sentencia que está por venir resulte en la condena de delitos de prevaricación y prevaricación ambiental, lo que conllevaría la anulación de todas las autorizaciones otorgadas hasta la fecha.

La situación se ha agudizado desde la denuncia presentada por Emerita Resources España, que argumentó que su propuesta era más favorable económicamente en comparación con las de Minorbis. Además, emergieron acusaciones sobre supuestos actos de corrupción, incluido un comentario inapropiado de un ejecutivo de Magtel, que insinuaba tener control sobre el resultado del concurso.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desechó un recurso interpuesto por Emerita contra la empresa Minera Los Frailes, creada por la alianza entre Minorbis y Grupo México. Este fallo podría complicar aún más la ya tensa situación legal, aunque el portavoz de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que se logre un veredicto favorable en el proceso penal.

Uno de los aspectos más preocupantes del juicio, según Albarreal, fue que los acusados se negaron a responder preguntas de las acusaciones, limitándose únicamente a contestar a su propia defensa, lo que generó un ambiente opaco alrededor de las irregularidades denunciadas.

Los acusados en esta causa incluyen personalidades destacadas como la exdirectora general de Minas de la Junta y varios funcionarios que participaron en la mesa de contratación. La crítica de los ecologistas se centra en la falta de consideraciones ambientales adecuadas en las propuestas recibidas, lo que, según argumentan, debería haber invalidado el concurso desde el inicio.

La preocupación de Albarreal gira en torno a la gestión ambiental del proyecto, recordando la devastadora catástrofe de 1998, cuando la mina, bajo la operación de Boliden-Andaluza, se vio involucrada en un desastre ecológico significativo. Según el portavoz, las ofertas presentadas no solo infringen las condiciones sobre el manejo de residuos, sino que también amenazan los espacios naturales aledañas, como el Corredor Verde del río Guadiamar.

Albarreal reiteró su posición de que la Junta debería haber rechazado ambas propuestas y declaró que espera que el tribunal condene a los responsables por los delitos señalados, lo que llevaría a la nulidad de las autorizaciones otorgadas para reactivar la mina.

Añadió que es inquietante que la Junta de Andalucía haya emitido permisos para iniciar el nuevo proyecto de la mina en medio de un proceso judicial activo, un acto que podría abrir la puerta a reclamaciones de indemnización si el tribunal dictamina que los permisos son inválidos.