MÁLAGA, 17 de diciembre. En un giro significativo en la investigación que rodea al alcalde de Estepona, José María García Urbano, emergen nuevas acusaciones que elevan la seriedad de la situación. El juez encargado del caso ha convocado al regidor para que comparezca el próximo 13 de enero, no solo en relación a la denuncia de acoso sexual presentada por un agente de la policía local, sino también por un presunto delito de malversación de fondos.

De acuerdo con la información obtenida por Europa Press, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha iniciado un procedimiento que aclarará las circunstancias de la supuesta malversación después de escuchar el testimonio de la pareja del denunciante, quien será citada en la misma fecha como testigo. Esta nueva causa se centra, en particular, en la reciente contratación de la testigo como personal de confianza del Ayuntamiento.

En defensa de García Urbano, se ha presentado ante el juzgado una serie de documentos que, según su equipo legal, demuestran que no ha habido ninguna irregularidad en las contrataciones realizadas desde que asumió el cargo de alcalde. Estos antecedentes buscan desmantelar las acusaciones, que desde la defensa consideran infundadas y carentes de base legal.

El equipo de abogados del alcalde ha manifestado que aún no han recibido formalmente la notificación de la citación, pero han anticipado que plantearán argumentos sólidos que refutarán las acusaciones de malversación. En sus declaraciones, se ha señalado que se buscará el archivo inmediato de las diligencias, insistiendo en que las acusaciones formuladas son una mera “denuncia falsa y sin fundamento”.

Así mismo, desde la defensa se ha calificado esta situación como una “campaña inadmisible e injusta” destinada a socavar tanto la dignidad personal de García Urbano como su trayectoria política, apuntando a que detrás de estas denuncias hay motivos espurios claros.

La investigación que se originó a raíz de una denuncia de acoso sexual por parte de un policía local sugiere que el alcalde habría amenazado a dicho agente con la pérdida de su puesto de trabajo, lo que añade una capa de complejidad a la situación. García Urbano, tras solicitar presentar su versión ante la justicia, ha reiterado que tales acusaciones son completamente infundadas. En sus declaraciones, ha enfatizado que se trata de un ataque deliberado a su integridad personal y profesional.

Además, es relevante mencionar que la portavoz del PSOE en Estepona, Emma Molina, ha sido admitida como parte interesada en la nueva causa por el presunto delito de malversación, un hecho que promete generar un debate intenso dentro del marco político local. Su incorporación a la causa podría traer consigo nuevas perspectivas y reacciones entre los diferentes actores políticos de la localidad.