Huelva, 7 de julio.

El juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha decidido citar a comparecer al actual alcalde, José Carlos Hernández Cansino, de Unidos por Punta Umbría, y a la exalcaldesa Aurora Águedo, del PSOE, como investigados por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Se les acusa de haber permitido durante años el funcionamiento de un chiringuito que opera sin la debida concesión para el uso del dominio público marítimo terrestre, lo que implica que carece de la licencia necesaria para abrir, dado que, de existir, sería únicamente para actividades de restauración.

El auto judicial que ha obtenido Europa Press detalla que la investigación se inicia a raíz de una denuncia de los vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la posible violación de normativas ambientales, especialmente debido a los constantes ruidos provenientes del establecimiento desde 2019. En ese año, el Ministerio ya había rechazado las peticiones de reubicación y ampliación del local, señalando su ubicación como “ilegal”.

En el documento se aclara que las autoridades locales, incluyendo la Policía, el Ayuntamiento y los alcaldes, estaban al tanto desde hacía años de la falta de concesión y de licencia del chiringuito. Sin embargo, optaron por permitir que se mantuviera esta actividad prohibida, que se ha traducido en molestias y ruidos que afectan a los vecinos, vulnerando su derecho a un descanso digno ante una inacción administrativa que resulta inaceptable.

De la información recabada hasta el momento, se desprende que pueden existir indicios tanto de un posible delito ambiental, por la contaminación acústica atribuible al titular del chiringuito, como de prevaricación, que correspondería a los alcaldes que han tomado decisiones en contradicción con la normativa vigente, a favor de un interés general que ellos mismos interpretan de manera arbitraria.

El auto también menciona que se han seguido expedientes administrativos tras las denuncias de ruidos, y que, teniendo conocimiento por informes técnicos de que el chiringuito no cuenta con la licencia de apertura necesaria, las resoluciones de la Alcaldía han hecho caso omiso a estos informes para permitir la continuidad de lo que se ha calificado como una actividad prohibida y perjudicial para el medio ambiente y la salud de los ciudadanos.

En este contexto, se destaca una providencia de la Alcaldía fechada en septiembre de 2019, en la que la entonces alcaldesa reconocía que el Ayuntamiento intentaba regularizar la situación de los chiringuitos, intentando conciliar el interés general con la legalidad. Sin embargo, el juez interpreta esto como un intento de eludir la normativa en favor de un interés público distorsionado.

El juez se muestra alarmado por el ruido y las molestias que los vecinos han experimentado durante las horas más avanzadas de la noche, así como por la acumulación de residuos y desechos en la playa tras eventos organizados por un chiringuito que no posee siquiera una licencia de apertura. A pesar de estas quejas, la alcaldesa considera el chiringuito como un 'servicio esencial' y adopta decisiones administrativas que parecen favorecerlo, ignorando las medidas provisionales necesarias.

A pesar de las denuncias, el auto revela que la Alcaldía desestimó la clausura de establecimientos y no actuó a menos que se presentara un riesgo grave para la seguridad, lo que representa una clara violación de la normativa. De hecho, la inacción de la administración local permite que el chiringuito opere en una zona protegida y sin la licencia correspondiente, a pesar de que, si llegará a tener una, sería exclusivamente para operaciones de restauración y no para actividades de nocturnidad.

Un ejemplo claro se produjo el 28 de julio de 2019, cuando el establecimiento permanecía abierto a altas horas de la madrugada con un gran número de clientes bajo niveles de ruido inaceptables. Aun así, la Policía no tomó medidas para clausurarlo, limitándose a advertir al propietario sobre el incumplimiento del horario. Similar situación se repitió poco tiempo después.

El Ministerio Fiscal ha señalado que es sorprendente que la utilización de la playa —un bien común— se subordine a intereses particulares, evidenciando en un informe que el Ayuntamiento ha intentado justificar la actividad ilegal del chiringuito sin poner fin a estas violaciones, a pesar de las constantes quejas de la comunidad.

Además, el auto indica que el cambio de alcalde no alteró el trato favorable hacia conductas ilegales, y las denuncias han seguido sin respuesta coerente por parte del Ayuntamiento, que no ha adoptado medidas de clausura necesarias.

Finalmente, el auto hace mención de diferentes denuncias a principios de 2024, donde el Consistorio argumenta la concesión de derechos de explotación a un chiringuito no autorizado, en un contexto donde se ignoran las pertinentes normativas sobre el uso del espacio público marítimo-terrestre y su mal uso para actividades de recreo nocturno.

El juez concluye que no se puede alegar falta de información técnico respecto a la legalidad del chiringuito, lo que justifica la necesidad de que ambos alcaldes y el propietario se presenten como investigados ante la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa y de agresiones al medio ambiente.