El caso urbanístico de Maracena es desestimado por la Audiencia de Granada

El caso urbanístico de Maracena es desestimado por la Audiencia de Granada

La Audiencia de Granada ha revocado la investigación paralela sobre un presunto caso de ilegalidad urbanística en el Ayuntamiento de Maracena, al considerar que las irregularidades denunciadas carecen de respaldo en los documentos obtenidos durante el secuestro de la exconcejala socialista Vanesa Romero. Según la Audiencia, las conclusiones policiales se basan únicamente en las sospechas proporcionadas por su testimonio.

Esto se desprende de un auto notificado este viernes, al cual Europa Press ha tenido acceso. En dicho auto, la Sección Primera de la Audiencia de Granada ha estimado el recurso presentado por la defensa del secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada de iniciar una investigación preliminar relacionada con una posible trama urbanística en Maracena.

Esta investigación se abrió independientemente del secuestro y se centraba en varios expedientes urbanísticos. La defensa de Noel López argumentó que los documentos no contenían "ningún indicio de presunta actividad delictiva", lo que suponía una investigación prospectiva en contra del sistema constitucional de derechos y libertades.

La Audiencia Provincial ha respaldado esta afirmación y ha afirmado que los documentos en posesión de la exconcejala no muestran indicios de actividad delictiva, y que el informe policial confirma que esta documentación no es suficiente para determinar la existencia de irregularidades en la tramitación de los expedientes correspondientes.

La sala coincide con los investigadores en que estos documentos deben ser analizados en el contexto del secuestro y las declaraciones de la exconcejala, pero difiere en que esto justifique la apertura de un nuevo procedimiento penal por parte del juez instructor.

En relación al expediente GO-FiT, se denuncia la falta de un estudio de viabilidad, pero la documentación intervenida muestra que se está llevando a cabo un procedimiento judicial contencioso administrativo, en el cual el Ayuntamiento de Maracena se opone a la reclamación de la empresa. Por lo tanto, la Audiencia considera que esta presunta irregularidad podrá ser determinada en ese ámbito jurídico, sin indicios penales relevantes más allá de la sospecha sugerida por la exconcejala.

En cuanto al expediente de construcción de un Centro de Salud, se menciona una supuesta adjudicación directa sin licitación previa y valoraciones excesivas. Sin embargo, los magistrados de la Sección Primera afirman que estas circunstancias no se derivan de los documentos, sino que son "sospechas" que se basan en las declaraciones de la testigo en el informe policial. Además, existe un proceso contencioso administrativo relacionado con este asunto.

En el expediente "Talleres Galdeano", el informe policial indica que se emitió una resolución de protección de la legalidad urbanística, pero si hubo alguna irregularidad, es el Ayuntamiento quien está tratando de corregirla de manera administrativa.

En relación a una supuesta asignación económica a los grupos políticos del Ayuntamiento de Maracena a través de los Coordinadores de Grupo Municipal, el informe policial habla de un "fraude de ley", pero la Audiencia descarta su relevancia penal.

Por último, no hay documentos relacionados con el expediente "Gasolinera Repsol". La Audiencia señala que las conclusiones policiales se basan únicamente en la opinión del instructor y son suposiciones obtenidas exclusivamente a partir de las declaraciones de Vanesa Romero, quien menciona a varias personas del Ayuntamiento que podrían corroborar esas apreciaciones de manera circunstancial.

No obstante, los magistrados no están de acuerdo en que estas y otras investigaciones se realicen fuera del procedimiento central del secuestro, ya que podrían determinar el motivo del mismo. Por lo tanto, se ha dejado sin efecto esta investigación paralela sobre el tema urbanístico.

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