En Sevilla, un importante desarrollo judicial ha marcado la culminación de una investigación que se centró en una serie de presuntos delitos relacionados con la administración pública y el urbanismo. El Tribunal de Instancia número 1 de Carmona ha decidido acordar el sobreseimiento de la causa que implicaba a seis personas, entre ellas el actual alcalde de Mairena del Alcor y su predecesor, en el contexto de un proyecto de tanatorio en la localidad.

La resolución, emitida el 23 de septiembre y conocida hoy, subraya que las indagaciones no revelaron pruebas suficientes para continuar con los cargos de administración desleal, prevaricación administrativa y urbanística, así como tráfico de influencias que pesaban sobre los investigados. En el auto, el magistrado enfatiza que no hay elementos que lleven a otra conclusión más allá del archivo del caso.

El foco de la investigación giró en torno a un proyecto de tanatorio público que, según los registros, había requerido 21.118 euros de inversión. Sin embargo, el abandono del proyecto inicial debido a la falta de modificaciones en el planeamiento urbanístico generado dudas sobre la legalidad de la transición hacia un tanatorio privado, lo cual fue objeto de escrutinio judicial.

El magistrado se centró en determinar si los implicados habían actuado conforme a las normativas urbanísticas vigentes, haciendo énfasis en las responsabilidades del exalcalde y actual delegado de la Junta de Andalucía. Bajo la sospecha de un posible abuso en su gestión, se investigó su decisión de invertir en un proyecto que no se pudo llevar a cabo debido a cuestiones administrativas.

En la evaluación del caso, el juez llegó a la conclusión de que el decreto emitido por el exalcalde no vulneró ninguna norma administrativa y que no se hallaron pruebas creíbles que apuntasen a irregularidades en su gestión, lo que llevó a archivar la causa en su contra.

La decisión de archivar las actuaciones también extendió su alcance a las otras cinco personas en la investigación, que enfrentaron acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias. El magistrado consideró que no existían fundamentos sólidos que evidenciaran una actuación injusta o arbitraria en el manejo del expediente para la construcción del tanatorio privado.

Finalmente, también se cerró la investigación contra el actual alcalde y otros tres individuos por la presunta implicación en actos de tráfico de influencias, evidenciando que el tribunal no encontró indicios suficientes para proseguir con las acusaciones y que, en consecuencia, se impuso el archivo del caso.