El Juzgado de Instrucción número 2 de Utrera (Sevilla), encargado de casos de violencia contra la mujer, ha decidido este jueves enviar a prisión provisional comunicada y sin fianza a N.A.C.T, un hombre de 43 años, arrestado por el asesinato de su ex pareja, V.R.A, una mujer de 22 años y origen nicaragüense. El cuerpo de la víctima fue encontrado el pasado lunes por su hermana en su domicilio, presentando un fuerte golpe en la cabeza.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que también ha explicado que el hombre está siendo investigado y que durante el proceso se determinará si se trata de homicidio o asesinato. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.

El detenido ha comparecido este jueves 3 de agosto ante el juzgado número 2 de Utrera. El plazo legal máximo para su detención expiraba en esta tarde, ya que fue arrestado el pasado lunes alrededor de las 17:30 horas. Ha ingresado en el juzgado de Utrera aproximadamente a las 12:00 horas.

En su primera declaración ante la Guardia Civil, el sospechoso ha negado los hechos, según informaron fuentes cercanas al caso. Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, José Antonio Sires, manifestó que solicitará la pena de prisión permanente revisable debido a que considera que el acusado "mató a su pareja de forma consciente y deliberada, sorprendiéndola sin que tuviera oportunidad de defenderse o escapar". La acusación se basará en un delito de asesinato agravado por parentesco y alevosía.

La víctima, la segunda mujer fallecida en la provincia de Sevilla este año y la novena en Andalucía, no había solicitado ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Utrera en relación a posibles casos de maltratos, según fuentes municipales consultadas. Además, según la Delegación del Gobierno en Andalucía, no constan denuncias por parte de ella en el sistema VioGén. El ex esposo de la víctima no tiene antecedentes penales. La comunidad nicaragüense, a través de la asociación Sevilla-España, ha solicitado ayuda para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo de la víctima a Perú, una operación que tiene un coste de 6.000 euros.