ALMERÍA, 14 de enero. La situación legal en torno al caso conocido como ‘Mascarillas’ ha tomado un nuevo giro, pues el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha dado permiso a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para acceder a los teléfonos de seis empresarios del sector de la construcción. Estos individuos están bajo investigación por supuestas irregularidades que implican 'mordidas' en contratos adjudicados por la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines.

En un reciente auto, el juez José Manuel Rey Bellot ha respondido favorablemente a la solicitud del equipo de investigación económica de la UCO. Este informe busca esclarecer posibles delitos como cohecho, blanqueo de capitales, fraude y malversación de fondos públicos, con el objetivo de desentrañar una serie de irregularidades en el manejo de los contratos públicos.

Según el documento, al que obtuvo acceso Europa Press, el magistrado ha proporcionado la autorización necesaria para que se examinen los dispositivos móviles de los empresarios implicados. Hay que recordar que estos empresarios ya comparecieron ante las autoridades en noviembre, momento en el que fueron detenidos el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente segundo, Fernando Giménez, entre otros.

La investigación sugiere que existe una estructura organizativa en la Diputación Provincial de Almería que ha facilitado la corrupción en la adjudicación de contratos, priorizando intereses personales sobre los principios fundamentales que rigen la contratación pública.

Los indicios apuntan a que la trama podría extenderse más allá del contrato inicial, valorado en más de dos millones de euros, destinado a la compra de material sanitario durante la crisis del COVID-19. Además, se estarían investigando otras adjudicaciones de trabajos y servicios vinculados a esta red de corrupción.

A lo largo de la investigación, se han identificado a ciertos funcionarios que habrían propiciado esta serie de prácticas irregulares, beneficiándose económicamente, así como a diversas empresas que, ya sea como adjudicatarias directas o a través de terceros, habrían participado también en el esquema delictivo.

Entre los involucrados destaca el hermano de un exvicesecretario, quien mediante su empresa Pulconal, estaría implicado en la obtención de un porcentaje significativo de las ganancias asociadas a los contratos otorgados por la Diputación. Asimismo, OYC Servicios Urbanos se señala por su vinculación con un exalcalde y su familia, todos ellos bajo la lupa de la investigación.

También el foco se centra en otras seis empresas, sus directivos y una red de socios que podrían haber visto beneficiados por este sistema de corrupción. Se ha determinado que estas entidades pueden ofrecer información crucial para dilucidar los hechos en cuestión, lo que ha llevado a la autorización de la revisión de sus dispositivos móviles.

El caso se origina a raíz de un contrato público para el suministro de material sanitario adjudicado a Azor Corporate Ibérica, que fue formalizado por García en 2020. Los indicios apuntan a que esta contratación se realizó de manera ilícita, acentuando el nexo familiar existente entre algunos de los implicados.

Además, la investigación ha revelado la existencia de un grupo de Whatsapp denominado ‘Naranjito’, donde se compartían comunicaciones relacionadas con las transacciones cuestionadas. Se han encontrado grandes sumas de dinero en el domicilio de uno de los sospechosos, cuya procedencia aún no se ha podido aclarar, lo que añade más misterio al caso.

Un aspecto curioso es el uso de un lenguaje cifrado entre los investigados. Para hablar sobre contratos, emplean términos que ostensiblemente no tienen relación con el tema, como “ir al dentista" o “cambiar la piñata entera”, lo que ha llevado a suponer que podrían estar ocultando su actividad delictiva bajo eufemismos. Esta utilización excesiva de referencias odontológicas en un contexto administrativo ha llamado la atención del juez.

Por otro lado, se han identificado movimientos financieros que involucran a García y su familia que sugieren la posible integración de fondos de origen ilícito. Estas transacciones indicarían un intento de legitimar dinero obtenido de actividades corruptas, lo que complica aún más el panorama para los investigados.

Finalmente, la investigación también ha puesto de relieve la inquietud de García por reunirse con otros implicados para discutir sus declaraciones previas ante las autoridades, así como viajes sospechosos realizados por algunos actores clave en momentos críticos relacionados con la adjudicación de contratos. La falta de registros bancarios en estos viajes solo incrementa las dudas sobre su naturaleza y propósito.