SEVILLA, 29 de mayo. La investigación acerca de presuntas irregularidades en las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), iniciada tras una querella presentada por el PSOE, ha dado un nuevo paso. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha emitido una providencia en la que solicita una serie de documentos esenciales, incluyendo aquellos relacionados con las obras de emergencia realizadas en el antiguo hospital militar Vigil de Quiñones, ahora conocido como Doctor Muñoz Cariñanos, que fue habilitado como centro específico durante la crisis sanitaria del Covid-19.

En este último requerimiento, que se adelantó el 21 de mayo y fue reportado por El Correo de Andalucía, el juzgado ha instado al SAS, así como a su asesoría jurídica y a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios de la Consejería de Salud, a presentar nueva documentación. Esta solicitud está enmarcada en un caso que afecta a la actual gerente del SAS, Valle García, y a los exdirectores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

El nuevo requerimiento del juzgado implica la solicitud de informes elaborados entre julio de 2021 y agosto de 2022, todos firmados por la misma letrada de la administración del SAS. Estos informes tratan sobre las contrataciones de emergencia, incluyendo uno emitido en diciembre de 2021 que abordaba la posibilidad de extender las contrataciones de servicios en medicina interna y UCI, y otro de agosto de 2022 que debatía la ampliación de la contratación de servicios asistenciales complementarios mientras se realizaba un nuevo proceso de licitación.

Adicionalmente, el juzgado demanda al SAS información detallada sobre todos los contratos tramitados por su procedimiento de emergencia que se vinculen al Decreto-ley 3/2020 del Gobierno andaluz, que permitía agilizar trámites administrativos en respuesta a la pandemia de Covid-19. Esto incluye acreditaciones de capacidad y solvencia de los adjudicatarios, evidencias de pagos realizados, y otra documentación relevante que detalle el ciclo completo de cada contrato.

En su segundo requerimiento, el juzgado también solicita todos los contratos, prórrogas y adendas relacionadas con el acuerdo de emergencias del 15 de julio de 2020, que incluyó la suspensión de pruebas quirúrgicas y diagnósticas, así como contratos vinculados a la necesidad de asistencia en urgencias en el distrito de Huelva Costa y a las obras en el Hospital Militar Vigil de Quiñones, que se adaptó para atender a pacientes de Covid-19.

Asimismo, se han pedido a la Intervención General de la Junta los expedientes completos de contratación de emergencia entre el 23 de junio y el 6 de octubre de 2020, así como aquellos de fiscalización de los años 2020 y 2021 que no hayan sido sometidos a control financiero permanente, en un intento de establecer una vigilancia adecuada sobre el uso de recursos públicos.

Finalmente, el juzgado ha requerido a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS el expediente completo que fundamentó el informe sobre la verificación de gastos derivados de fondos europeos relacionados con estos contratos de emergencia, específicamente en relación a la segunda fase de la terminación del antiguo hospital militar de Sevilla. Este proceso se origina a raíz de la querella presentada por el Grupo socialista en el Parlamento andaluz, que apunta a posibles irregularidades en la contratación de emergencias durante el periodo 2021-2023, cuando ya no se justificaba dicha regulación excepcional, según el análisis del PSOE.