Empresario de Jerez afronta juicio en Sevilla por ayuda millonaria de los ERE otorgada bajo Marquez
La Audiencia de Sevilla tiene fijado para este lunes y el martes un juicio contra un empresario de Jerez de la Frontera, acusado de cobrar 225.000 euros en concepto de "ayuda sociolaboral" a través de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones directas y arbitrarias, una ayuda concedida de manera arbitraria y fraudulenta.
Según el escrito de acusación del PP-andaluz, el acusado es Salvador M.B., responsable de la empresa Plantaciones Agrícolas Plantasur. El empresario solicitó en diciembre de 2009 una ayuda excepcional por 450.000 euros para solventar problemas de liquidez. Sin embargo, prescindiendo de todo procedimiento legal, en febrero de 2010 le fue concedida una ayuda sociolaboral excepcional de 300.000 euros con cargo a los fondos autonómicos.
A pesar de no cumplir con los requisitos legales, al empresario le fue abonado el 75 por ciento de la ayuda, es decir, 225.000 euros, de manera arbitraria y fraudulenta. Estas acciones contaron con el visto bueno del entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, siguiendo las indicaciones del consejero de Empleo, Antonio Fernández.
Los tres implicados, Juan Márquez, Agustín Barberá y Antonio Fernández, ya habían sido condenados a cárcel por su participación en el mecanismo de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias. Actualmente, Agustín Barberá y Antonio Fernández cumplen su condena, mientras que la pena de prisión de Juan Márquez está suspendida provisionalmente.
El PP reclama que estos hechos constituyen un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos y pide para el empresario acusado cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta.
En septiembre, la Audiencia de Sevilla condenó a un empresario de Huelva a dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación por su participación en el mecanismo de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias. En este caso, el empresario había obtenido 75.000 euros.
La mayoría de las piezas separadas de esta macrocausa, donde solo hay un único acusado, están siendo resueltas mediante acuerdos de conformidad entre las partes involucradas.