ALMERÍA, 20 de abril.

La Audiencia Provincial de Almería se prepara para dar inicio, a partir de este lunes, a un juicio que involucra al exalcalde de Albox, Francisco Torrecillas, y al exconcejal de Obras Públicas, José Simeón Campoy. La Fiscalía ha solicitado una pena de siete años de prisión para ambos, acusándolos de malversación de fondos y de realizar trabajos de asfaltado en la rambla del municipio sin contar con las debidas autorizaciones medioambientales de la Junta de Andalucía.

Este proceso judicial se lleva a cabo casi un año después de que se aplazara por primera vez, en mayo del año anterior, cuando Torrecillas alegó problemas de movilidad como consecuencia de un accidente ocurrido previamente, que le provocó varias fracturas.

En el marco de este caso, ambos exfuncionarios se enfrentan a un total de siete años de prisión: dos años por un presunto delito contra la ordenación del territorio y cinco más por malversación. Este último cargo también recae sobre el interventor municipal como colaborador necesario, dado que fue él quien autorizó el gasto y firmó un contrato, según la acusación, simulado para llevar a cabo la obra sin las pertinentes advertencias administrativas.

La acusación también imputa a Torrecillas, actualmente concejal, y a Campoy un delito de prevaricación por omisión, solicitando además su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 12 años. Asimismo, la Fiscalía plantea penas de inhabilitación de hasta 18 años para los acusados, y 15 años en el caso del interventor.

La Fiscalía argumenta que en julio de 2017, el entonces alcalde y su concejal de Obras Públicas optaron por pavimentar el cauce de la Rambla de Albox para facilitar el aparcamiento de vehículos, sin considerar que se trataba de un espacio de dominio público hidráulico que requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Se sostiene que el exalcalde actuó a sabiendas de que la obra carecía de apoyo legal y que no contaría con el permiso necesario del gobierno andaluz, aun así, procedió a ejecutarla utilizando fondos municipales y eludiendo los procedimientos adecuados que requerían tramitación ante la Junta.

Como parte del plan, Torrecillas y Campoy utilizaron a empleados del Ayuntamiento y a personal de una empresa pública local para llevar a cabo la pavimentación de un tramo de aproximadamente 280 metros por seis de ancho, utilizando una capa de hormigón de diez centímetros de espesor.

La primera fase del proyecto fue denunciada por un funcionario de la Junta, tras lo cual se pagó una factura de más de 8.700 euros a la empresa proveedora de hormigón con dinero público. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, se amplió el tramo pavimentado, nuevamente sin cumplir con la legalidad necesaria, llegando a crear una superficie total de 5.800 metros cuadrados.

Para esta segunda fase, contactaron de nuevo con la misma empresa, aunque el costo total de la operación superaría los 18.000 euros, lo que excedía el límite permitido para un contrato menor según la normativa vigente. Ante esta situación, la acusación alega que los funcionarios involucrados decidieron encubrir la naturaleza del contrato, presentándolo como un “contrato de obra” en lugar de “suministro”, a pesar de que la empresa solo iba a proporcionar el hormigón, siendo los trabajadores municipales los que realizarían la obra.

En el marco de este esquema, se ordenó a una funcionaria que redactara el contrato con todas las especificaciones necesarias. Este contrato fue elaborado el 19 de septiembre de 2019, después de que la empresa de hormigones presentara un presupuesto dos años antes.

El mencionado contrato, además de ser firmado por el interventor, incluía un presupuesto total de casi 50.000 euros, de los cuales 25.000 estaban destinados al “hormigonado de la rambla”. Según la Fiscalía, este contrato derivó en un suministro que, por su naturaleza, no podía clasificarse como contrato menor, ya que careció de cualquier resolución previa que validara las obras o los gastos, así como de la tramitación administrativa correspondiente en un terreno que no era de titularidad municipal.

Como consecuencia de una investigación iniciada por la Junta de Andalucía por las irregularidades en la rambla, el Ayuntamiento tuvo que pagar una multa de 6.010 euros y realizar obras para restaurar el cauce a su estado original, lo que implicó un gasto adicional de 24.600 euros para las finanzas públicas. Ante estas circunstancias, la Fiscalía pide que los tres acusados indemnicen al Ayuntamiento de Albox por un total de 57.130 euros, además de solicitar que el exalcalde y el exconcejal de Obras Públicas paguen una indemnización extra de 8.712 euros al Consistorio.