El exalcalde del municipio andaluz de Lebrija, Antonio Torres, se prepara para ofrecer una comparecencia a mediodía del próximo lunes, donde hará una valoración sobre la reciente sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Esta sentencia no solo le condena a prisión, sino que también implica a Fernando Villén, ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en un caso de contratación manifiestamente irregular en esta entidad gubernamental.

Torres, en declaraciones a Europa Press, señala la gravedad del fallo, que establece una pena de tres años y seis meses de prisión para Villén, además de seis años de inhabilitación total por malversación. También se le impone una inhabilitación especial de siete años por otro delito de prevaricación. Ambas condenas, según el tribunal, se agravan por las dilaciones indebidas en el proceso.

El propio exalcalde recibe una condena de dos años y tres meses de prisión, así como cuatro años de inhabilitación total, por ser considerado cooperador necesario en el delito de malversación. Además, su inhabilitación especial para ocupar cargos públicos se extiende a cuatro años por el delito de prevaricación, con la misma atenuante de dilaciones indebidas en ambos casos.

Ambos condenados también están obligados a indemnizar a la Junta de Andalucía con un total de 359.973,51 euros, que incluye la suma que recibió Torres desde su contratación hasta la disolución de la Faffe y su posterior integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La sentencia detalla que, tras perder la Alcaldía en las elecciones municipales de 2003, Torres buscó a Villén para pedir empleo, quien accedió a ofrecerle un puesto bajo la supuesta premisa de buscar financiación adicional para la Faffe. Sin embargo, los magistrados indican que la fundación ya contaba con suficientes recursos a través de subvenciones para formación.

A lo largo del juicio, Torres defendió su postura, afirmando que decidió abandonar la política activa y que, en su opinión, ofreció sus servicios a la Faffe sin la intención de ser contratado. Sin embargo, el tribunal manifestó que nunca demostró tener las capacidades financieras necesarias para el puesto que, curiosamente, se creó de manera irregular para él, bajo el título de “Dirección de Relaciones Externas”, un cargo sin funciones reales y sin espacio físico asignado.

A pesar de no tener un espacio dentro de la organización, el exalcalde contaba con tarjetas de presentación que lo identificaban con la Faffe. Los magistrados también subrayan que Torres no participó en el trabajo cotidiano de la fundación y era un desconocido para sus compañeros.

Su contrato, firmado por Villén, fue inicialmente temporal pero se convirtió en indefinido, premiado con un salario superior a los 40.000 euros al año. Sin embargo, los magistrados insisten en que la realidad del trabajo realizado por Torres se limitó a ocasionales contactos desde su hogar con recursos propios, demostrando una alarmante falta de compromiso con su supuesta labor en la fundación.

La Audiencia concluye que su contratación fue el resultado de una decisión arbitraria por parte de Villén, sin un proceso justo de selección que respetara los principios de transparencia y méritos. Además, destacaron la falta de conocimiento por parte de otros empleados sobre la existencia del exalcalde en la Faffe, sugiriendo un manejo opaco de los recursos públicos.

Los jueces enfatizan que la actuación de ambos acusados fue un claro abuso de poder que no solo permitió su enriquecimiento personal, sino que también perjudicó gravemente a las finanzas públicas. Esta situación refleja una despreocupación alarmante por la legalidad y la ética en la gestión de fondos públicos.

Finalmente, el tribunal establece que la práctica cuestionada entre Torres y Villén fue un acuerdo encubierto que, aprovechando sus lazos personales y políticos, permitió desviar recursos destinados al beneficio público, poniendo de manifiesto un sistema de contratación que no respeta las normas establecidas.