Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, se presentó ante el juez este lunes en la Audiencia Nacional, donde abordó su implicación en el denominado 'Caso Koldo', rechazando cualquier irregularidad relacionada con la presunta red de corrupción en la adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones. Herrero argumentó que el exasesor Koldo García, quien lo contactaba a instancias del exministro José Luis Ábalos, lo hacía con el objetivo de mantener informado al alto cargo, especialmente durante las intensas campañas electorales municipales.

Durante su declaración, Herrero enfatizó que todas las consultas realizadas por García sobre los procesos de adjudicación se respondían con datos que él consideraba públicos. Esta dinámica reflejaba el interés del exasesor por conocer qué obras se sometían a licitación, dado su papel en el entorno de Ábalos.

El exalto funcionario subrayó que dicho intercambio de información tenía como propósito que el ministerio pudiera capitalizar políticamente las obras en los periodos electorales. A su vez, expresó que no creía que García tuviera la facultad de afectar las decisiones sobre las adjudicaciones.

En cuanto a su relación con Ábalos y García antes de su nombramiento, Herrero declaró no haber tenido conocimiento previo de su existencia aunque sí había conocido a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y también investigada en este caso.

En su defensa, Herrero explicó que su responsabilidad en los procesos de contratación era técnica, limitada a la aprobación de contratos antes de la licitación, mientras que la adjudicación efectiva y la valoración de ofertas recaían en otros organismos, lo que delimitaba su influencia en el proceso.

Acerca de su interacción con Pedro Saura, exsecretario de Estado, Herrero reveló que su relación fue tensa, especialmente en torno al expediente del Puente del Centenario de Sevilla, un proyecto que está bajo la lupa de las autoridades. Según comentó, llegó a plantearle a Ábalos su intención de dimitir debido a la negativa de Saura para aprobar la urgencia de la obra, aunque finalmente se encontró una forma alternativa de proceder.

Entre las evidencias que aportan los investigadores, se destaca una conversación de WhatsApp entre Herrero y Koldo de abril de 2019, en la que Herrero utiliza la expresión "Bingo!!! En Logroño", asociada a una adjudicación de gran tamaño a la UTE de Acciona y Aquaterra. Herrero argumentó que se refería a la resolución de un problema relacionado con una obra específica en un contexto electoral y confirmó haber establecido vínculos con Aquaterra tras su jubilación, dado que se convirtió en consultor.

Sobre su conocimiento de diversos empresarios implicados, Herrero dijo no conocer a Víctor de Aldama, un empresario bajo investigación, ni a Fernando Merino, un exdirectivo de Acciona, aunque sí reconoció estar familiarizado con los hermanos Fernández, cuyos vínculos con la trama de corrupción son objeto de indagación.

Finalmente, abordó el tema de un supuesto "impuesto" solicitado por el PSOE, aclarando que recibió una comunicación relacionada con donaciones que los altos cargos suelen hacer al partido. Aclaró que, aunque le informaron que la contribución era voluntaria y preguntó por el monto, no se comprometió a realizar ninguna donación.

Tras su comparecencia, tuvo lugar una vista por medidas cautelares, donde la Fiscalía Anticorrupción solicitó la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte, solicitud que fue respaldada por las acusaciones populares, lo que llevó al juez a establecer estas restricciones tanto para Herrero como para Pardo de Vera. El juez Ismael Moreno ha indicado que hay "motivos suficientes" para considerar que ambos podrían haber cometido delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, aunque no se estime un riesgo de fuga.