SEVILLA, 31 de marzo.

Este martes a las 10:00 horas, Fernando Villén Rueda, exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), comparecerá ante el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. Villén ha sido convocado para declarar como investigado en un caso que indaga presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de empresas y personal por parte de la fundación, recordando que ya fue condenado en un caso previo por el uso indebido de tarjetas bancarias de la entidad.

Fuentes cercanas al proceso han indicado a Europa Press que, a pesar de que la sesión anterior de declaraciones fue suspendida debido a problemas de salud del juez instructor, José Ignacio Vilaplana, la cita de este martes sigue en pie. En esa ronda de comparecencias suspendidas también se encontraban citados en calidad de investigados Manuel Villén Rueda, hermano de Fernando, y Ana Valls, exdirectora económico-financiera de Faffe, ambos condenados por actos relacionados con el uso de tarjetas de la fundación.

El pasado 29 de enero, el juez Vilaplana resolvió convocar a un total de 21 personas para que declararan durante marzo y abril en el marco de esta investigación, que se centra en la extinta Faffe. Según el auto judicial, la fundación se habría involucrado en prácticas inusuales al adjudicar contratos a diversos proveedores de manera irregular entre los años 2008 y 2010, infringiendo leyes administrativas y de transparencia.

Para esclarecer estos hechos, el magistrado ha solicitado un informe a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que deberá detallar las subvenciones otorgadas a la Faffe desde 2007, así como cualquier expediente de revisión o reintegro relacionado y los detalles sobre posibles deudas que pudieran estar vinculadas a la fundación tras su liquidación en 2011.

Además, el juez ha requerido a la misma dirección y a la Tesorería General de la Seguridad Social información relevante sobre la contratación de diez individuos por parte de la Faffe, en un intento de arrojar luz sobre las irregularidades detectadas hasta ahora.

El auto del juez también menciona indicios de delitos como la prevaricación administrativa y la malversación, asociados a la licitación de servicios y la gestión de recursos en la fundación. En este sentido, se ha estimado que las irregularidades alcanzan un total de 9.465.332 euros, vinculadas principalmente a la justificación de subvenciones recibidas de la Consejería de Empleo y del SAE, las cuales estarían relacionadas con contratos ficticios que permitieron imputar gastos por servicios no prestados.

Asimismo, el juez señala que hay evidencias de contrataciones irregulares al menos de 84 personas en la Faffe, llevadas a cabo sin el debido procedimiento y en contravención de las leyes de publicidad y libre concurrencia. Estas contrataciones han sido calificadas como "ad hoc" para permitir el pago indebido de salarios y beneficios a personal no calificado de acuerdo a la normativa laboral vigente.

La investigación sugiere que ciertos miembros de la Faffe habrían procedido a contratar personal de manera discrecional y sin seguir los protocolos legales necesarios, lo cual podría haber estado motivado por intereses políticos o personales, además de la falta de requisitos profesionales en muchos de los candidatos seleccionados.