El juicio contra el ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y el exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, ha levantado gran expectación en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía reclama cuatro años de cárcel para Villén y dos años y medio para Torres García, por presuntos delitos de prevaricación y malversación derivados de una contratación injusta y arbitraria.

Este caso se vuelve a poner sobre la mesa justo un año después de que la Audiencia de Sevilla condenara a Fernando Villén a seis años de cárcel por malversación y falsedad en documento oficial relacionados con gastos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Faffe, perteneciente a la Junta de Andalucía.

El juez instructor de este nuevo caso ha expuesto que existen serios indicios de que Villén y Torres García participaron en la comisión de delitos de prevaricación y malversación. Se relata cómo el exalcalde perdió su cargo y pidió a Villén un puesto en la Faffe, una posición directiva inexistente en realidad, con condiciones de contratación indefinida y un salario que le fueron concedidos sin valoración de su aptitud.

La contratación se llevó a cabo de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de procesos de selección y contratación justos. El exalcalde fue contratado en 2003 con un salario anual de 46.750 euros, sin cumplir los requisitos de selección y contratación establecidos por la Faffe.

Esta situación se vuelve aún más cuestionable al descubrir que el exalcalde no tenía un puesto real en la organización, sino uno creado ad hoc por Villén, sin estructura ni funciones concretas. A pesar de recibir un salario de 491.203,03 euros hasta 2020, el exalcalde no realizaba ninguna labor en la Faffe y, de hecho, ni siquiera acudía a la sede, llevando a cabo la escasa actividad desde su domicilio con medios propios.

La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para Villén y dos años y medio para Torres García, por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. Estos hechos revelan una clara falta de transparencia y ética en la gestión de los recursos públicos, lo que refuerza la necesidad de una justicia imparcial y rigurosa para prevenir este tipo de actuaciones ilegales en el futuro.