La Audiencia Provincial de Sevilla ha tomado una decisión relevante al absolver a un exmiembro de Comisiones Obreras (CCOO) y al propio sindicato de cualquier responsabilidad civil en un caso que ha suscitado polémica en Andalucía.

En la misma sentencia, emitida el 11 de septiembre y dada a conocer recientemente, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, ha sido condenado a cuatro años y un mes de prisión por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Además, se le impuso una inhabilitación total de diez años y un pago de casi 683.000 euros en concepto de indemnización a la Junta de Andalucía.

La resolución judicial indica que hubo un intento de implementación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de Fertiberia, que afectó a 166 empleados. Estos trabajadores optaron por distintas modalidades de salida, incluyendo prejubilaciones o indemnizaciones. Sin embargo, la conexión entre CCOO y el caso no fue suficientemente probada, lo que llevó a la absolución del exdirigente sindical.

Los jueces argumentaron que no había pruebas concluyentes que demostraran que el exdirigente de CCOO jugara un papel determinante en el proceso más allá de su presencia en una reunión relacionada. En este contexto, la Fiscalía había pedido penas severas tanto para el ex alto cargo como para el representante sindical, pero el tribunal decidió no vincular al sindicato con los delitos de los que se acusaba a Rivera.

El tribunal también detalló cómo, en 2003, Fertiberia buscó formalizar un ERE que incluyó la reestructuración laboral dentro de la empresa. A lo largo de este proceso, los trabajadores afectados manifestaron su intención de recibir ayudas de la Dirección de Trabajo, y el exdirector general, guerrero, accedió a facilitar estas condiciones a través de pólizas de seguro.

A pesar de las irregularidades en el tratamiento administrativo de estos fondos, la sentencia pone de relieve un vacío en la gestión que fue atribuido directamente a Rivera, quien, como máximo responsable, ordenó pagos de fondos públicos a compañías aseguradoras de manera cuestionable. En este sentido, se considera que esto constituyó malversación, ya que los procedimientos legales adecuados no fueron respetados.

Además, la sentencia reconoce la falta de un expediente administrativo completo en la concesión de las ayudas y señala que el exdirector general era consciente de que no existían bases reguladoras ni publicitación de estas ayudas, lo que pone en evidencia la falta de transparencia en la gestión de recursos públicos.

A pesar de las condenas impuestas, uno de los magistrados disintió en su fallo, argumentando que los beneficiarios de las ayudas no eran ajenos a Fertiberia, lo que podría haber implicado una conexión más directa entre las indemnizaciones y los trabajadores que las recibieron. Esta perspectiva pone de manifiesto las complejidades y matices que rodean el caso.

La posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo abierta a todas las partes, sugiere que este capítulo judicial aún no ha llegado a su fin, y se espera que el debate social sobre la gestión de las ayudas y la responsabilidad en los procesos de reestructuración laboral continúe.Incluyendo a los actores involucrados tanto en el ámbito sindical como en el gubernamental, este caso plantea importantes cuestiones sobre la rendición de cuentas y la transparencia en la administración pública.