24h Andalucía.

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Facua insta a la Junta a sancionar al sector inmobiliario por múltiples irregularidades detectadas.

Facua insta a la Junta a sancionar al sector inmobiliario por múltiples irregularidades detectadas.

En una reciente investigación, la organización de consumidores Facua-A ha revelado la alarmante cifra del 75,4% de expedientes de inspección abiertos a empresas del sector inmobiliario en Andalucía durante 2023 que presentan irregularidades en la información proporcionada en la compraventa y arrendamiento de viviendas.

Este dato, extraído de la memoria de la campaña de inspección publicada por la Consejería de Salud y Consumo, demuestra la necesidad de sanciones más enérgicas por parte del Gobierno andaluz hacia este sector.

Facua-A ha detallado que, de las 145 actuaciones realizadas en 126 expedientes de inspección, un preocupante 95 presentaban infracciones a la normativa de protección al consumidor en el ámbito inmobiliario.

Ante estos resultados, Facua Andalucía reitera su llamado a incrementar las inspecciones y aplicar sanciones más rigurosas para garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes, solicitando al Gobierno de Juanma Moreno más recursos para la Dirección General de Consumo.

En cuanto a las irregularidades detectadas, destaca que el 61,9% de las viviendas en alquiler no proporcionan la información requerida en el Documento Informativo Abreviado (DIA) como establece la normativa regional. Además, el 57,5% no incluye la etiqueta de eficiencia energética en la publicidad dirigida a la venta o arrendamiento, entre otras faltas.

La preocupación de Facua Andalucía se agrava al observar que, a pesar de las segundas visitas de los inspectores, las empresas no corrigieron las irregularidades detectadas, lo que revela una falta de compromiso con la transparencia y seguridad del mercado inmobiliario.

En el último año, se abrieron 47 expedientes sancionadores a raíz de las inspecciones realizadas, con una suma total de sanciones de tan solo 104.502 euros, lo que evidencia la necesidad de imponer multas más elevadas y ejemplares para disuadir a las empresas que incumplen la normativa.