Granada, 13 de diciembre

En una conmovedora defensa de la inocencia de uno de los menores implicados en un caso de presuntos abusos sexuales en un colegio granadino, su familia ha decidido llevar ante las autoridades su desacuerdo con la expulsión del centro educativo. Según sus declaraciones, el proceso que debería haber seguido la Junta de Andalucía no se activó adecuadamente, y además, se argumenta que no se ha garantizado el derecho fundamental a la defensa y la presunción de inocencia de la menor, quien ha sido ‘señalada’ y apartada de su ambiente escolar, a pesar de que el expediente presenta “verdaderas contradicciones”.

Este jueves, la familia presentó formalmente un recurso ante la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, solicitando la nulidad del proceso administrativo que llevó a la expulsión de la menor, aludiendo a una serie de “irregularidades”. Jorge González Luna, el letrado que representa a la familia, destacó la importancia de este paso en la lucha por la justicia.

El abogado ha señalado múltiples “contradicciones” en el expediente relacionado con el caso, cuestiones que van al centro del problema, como la localización exacta de los presuntos abusos, el número de estudiantes involucrados, la frecuencia de los incidentes y las características físicas de las supuestas agresoras, las cuales no se alinean con las de su clienta. Este entramado de inconsistencias se alza como una bandera para reclamar claridad y justicia.

Además, los padres de la menor han expresado su preocupación por cómo fueron apartados desde un principio del proceso, subrayando que no participaron en reuniones de su hija con el profesorado ni recibieron la información adecuada, tal y como exige la legislación. En su recurso, la familia sostiene que ha habido un tratamiento "inquisitorial", lo cual no protege los derechos del menor ni asegura un proceso justo, insinuando que se emplearon técnicas despectivas para presionar a la menor hacia una autoinculpación.

El letrado reafirma que, pese a las presiones, la menor se mantiene firme en su declaración de inocencia. La familia espera ahora la decisión de la Junta de Andalucía en este proceso administrativo, antes de decidir si emprenderán acciones legales adicionales. Su principal objetivo es que se esclarezcan los hechos y que se tomen las medidas necesarias contra quienes sean responsables.

Por otra parte, el abogado ha aclarado que su cliente no ha recibido ninguna citación en el ámbito judicial hasta la fecha, lo que indica que el caso sigue su curso únicamente por la vía administrativa. Este escenario deja a la familia con la esperanza de que la justicia prevalezca y que se respeten los derechos fundamentales de todos los menores involucrados.