SEVILLA, 7 de julio.

Este lunes, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha llevado a cabo la fase de conclusiones del juicio relacionado con la denuncia interpuesta por la empresa Emerita Resources España. Esta denuncia se centra en la supuesta comisión de delitos como la prevaricación, el tráfico de influencias, la malversación y el fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Los Frailes, ubicada en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis, ante la cual Emerita también había presentado una propuesta que quedó relegada.

En esta audiencia, la fiscal encargada del caso reiteró su solicitud de sobreseimiento para todos los acusados, manteniendo así lo expuesto en su escrito provisional, de acuerdo a lo que han informado fuentes del expediente a Europa Press.

Este juicio retoma sus sesiones después de que el 30 de junio concluyeran las comparecencias de los acusados, quienes optaron por declarar tras la fase de pruebas testimoniales y periciales, marcando así el cierre de la vista.

Entre los tres acusados que comparecieron el pasado 30 de junio se encuentran la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio Coto, y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero. Ambos defendieron su inocencia, negando haber ejercido influencia en la comisión técnica y en el proceso de contratación, y señalaron diversas inconsistencias en la denuncia formulada por Emerita.

Estos últimos enfrentamientos tienen lugar tras las declaraciones de otros miembros de la comisión técnica del concurso y de los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables de Magtel, que forma parte de la empresa Minorbis, en un proceso donde el total de acusados asciende a 16, aunque la Fiscalía no ha presentado acusación por falta de pruebas de delito.

El caso está enmarcado en el concurso convocado por la Junta de Andalucía hace más de una década para adjudicar los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, que quedó cerrada tras un trágico accidente medioambiental en 1998, cuando se rompió su balsa de residuos metálicos mientras era operada por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Los únicos participantes en este concurso fueron Minorbis, respaldada por el grupo mexicano Grupo México, y Emerita Resources, un fondo de inversión que tras no conseguir la adjudicación se vio obligado a presentar una denuncia penal por considerar que su propuesta era superior en términos económicos. Emerita acusó a Mario López Magdaleno de haber insinuado que tenía control sobre el concurso y de haber solicitado un porcentaje de la operación a cambio de "garantizar" un resultado favorable.

En los testimonios, los funcionarios de la Junta de Andalucía negaron haber recibido indicaciones sobre el resultado del proceso de evaluación, defendiendo que la concesión se otorgó a la oferta más sólida.

Emerita argumentó que su plan incluía una inversión de 640 millones de euros en comparación a los 304 millones de la propuesta de Minorbis, y una aportación de 375 millones en mejoras sociales y laborales durante 25 años, mientras que la oferta de Minorbis se limitaba a 27 millones. Sin embargo, los acusados sostuvieron que solo cuatro de los 15 criterios para evaluar las ofertas eran de índole económica, resaltando la importancia de los aspectos ambientales tras la tragedia de 1998.

Un investigador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) posteriormente señaló haber encontrado "incongruencias" en la evaluación técnica de las ofertas, mencionando incluso desviaciones graves en uno de los criterios de valoración.

Por otro lado, los hermanos López Magdaleno insistieron en que nunca recibieron "trato de favor" por parte de la Junta, afirmando que siempre fueron sometidos a un nivel de exigencia más alto que las empresas externas. Mario López Magdaleno también subrayó que las transacciones del Grupo Magtel con la Junta representaban solo un pequeño porcentaje de su negocio.

Además, un miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destacó en la vista que la investigación reveló numerosos correos electrónicos entre Magtel y Fernández Guerrero, pero no encontró pruebas de "influencias" o compensaciones económicas relacionadas con la adjudicación.

No obstante, el contenido de esos correos fue considerado irrelevante para el caso, y se registraron también intercambios de correos entre los responsables de Emerita y la Junta. Durante el juicio, los directivos de Emerita, encabezados por su presidente Joaquín Merino, reafirmaron su acusación, insistiendo en que Mario López Magdaleno había afirmado en una reunión posee "la llave del concurso".

Es importante recordar que anteriormente, la jueza instructora Patricia Fernández Franco había decidido en dos ocasiones el sobreseimiento de la causa al no detectar delito, pero las apelaciones de las acusaciones llevaron a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla a reabrir el caso, llevando finalmente al juicio actual, en el que la Fiscalía no ha presentado acusación.