ALMERÍA, 21 de mayo. La Fiscalía ha decidido presentar cargos ante la Audiencia Provincial de Almería contra un grupo de diez personas, entre las que se encuentran dos agentes de la policía local, uno de Adra y otro de la capital de la provincia. Estas personas están implicadas en una red de prostitución y agresiones sexuales que involucra a cinco menores de 16 años, en delitos que supuestamente ocurrieron entre 2018 y 2020.

De acuerdo con el informe fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que la acusada principal persuadió a tres de sus amigas menores para que mantuvieran encuentros con adultos de forma repetida. Este individuo utilizó plataformas como la web 'pasion.com' y 'Skype' para concertar las citas, además de establecer las condiciones de estos encuentros y los pagos que debían realizar los clientes.

La acusada también intentó involucrar a su hermana de 15 años, a quien, al mostrar reticencia, presuntamente le propinó golpes con un cable y la amenazó con informar a su madre si no accedía a sus demandas.

Uno de los acusados, además de recoger a una de las menores para estas actividades ilegales en múltiples ocasiones, supuestamente pagó para observar cómo una de las chicas mantuvo relaciones sexuales con su pareja, lo que convierte a este menor también en una víctima dentro del caso.

Como resultado de estos terribles hechos, las víctimas han desarrollado secuelas psicológicas que incluyen ansiedad, depresión y síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático, afectando gravemente su autoestima y bienestar emocional.

El documento fiscal detalla los encuentros abusivos, que habrían tenido lugar en diversos contextos, como viviendas, vehículos, espacios públicos e incluso en una biblioteca municipal, a la que uno de los implicados entró gracias a su acceso laboral como policía local.

Todos los encuentros eran de naturaleza sexual, y los acusados eran plenamente conscientes de que las víctimas eran menores de edad. Por ello, el Ministerio Público ha presentado cargos por delitos de prostitución infantil, agresión sexual con penetración, abuso sexual y maltrato sin lesiones.

Para la acusada principal, la fiscalía pide una pena de 45 años de prisión por cinco delitos, además de la prohibición de acercarse a las víctimas durante un periodo de hasta 20 años, libertad vigilada y la inhabilitación para trabajar en cualquier oficio que implique contacto con menores por más de 60 años.

Las penas solicitadas para los otros nueve implicados, todos hombres, varían entre 12 y 36 años de prisión. También se les impondrán medidas de alejamiento, libertad vigilada y prohibiciones para trabajar con menores.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado que los acusados compensen a las víctimas con indemnizaciones que van desde 20.000 hasta 60.000 euros, en reconocimiento de los daños emocionales sufridos.