En un giro de acontecimientos que ha vuelto a poner de relieve la lucha por los derechos del colectivo LGTBI, la Fiscalía de Málaga ha decidido abrir Diligencias de investigación relacionadas con una fiesta privada anunciada recientemente en un local de Torremolinos. Este evento, según informes, había establecido restricciones para la entrada de personas del colectivo, lo que generó una fuerte reacción social y jurídica, tal como han confirmado fuentes judiciales.

Las indagaciones, que comenzaron el pasado viernes, se centran en investigar posibles delitos que van desde la denegación de prestaciones según el artículo 512 del Código Penal, hasta la posible lesión a la dignidad de la comunidad LGTBI. Este enfoque subraya la necesidad de garantizar un tratamiento igualitario y libre de discriminación en todos los aspectos de la vida pública.

Por otra parte, las autoridades fiscales han manifestado que están a la espera de posibles denuncias adicionales de otros colectivos, a la vez que mantienen comunicación con la Policía, que se encuentra al tanto de las investigaciones. Esta reacción se produce en medio de la controversia surgida luego de que la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, denunciara el evento.

La controversia comenzó a tomar forma en las redes sociales, donde se difundió un anuncio del evento, el cual contenía un reglamento que incluía frases como "no peleas, drogas, gorras, chanclas y maricones", y advertía que "la dirección se reserva el derecho de acceso". Este tipo de lenguaje ha sido severamente criticado como un reflejo de la intolerancia y un intento de marginar a grupos específicos por su orientación sexual.

Facua Andalucía, una organización en defensa de los derechos de los consumidores, no tardó en reaccionar ante la situación y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Málaga. En su comunicado, argumentaron que el cartel del evento podría constituir un posible delito de odio, al evidenciar una clara intolerancia hacia un grupo determinado de personas y promover un trato discriminatorio basado en su identidad sexual.

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos, las autoridades locales se han apresurado a aclarar que en la localidad no existe ningún establecimiento en condiciones de abrir sus puertas para restringir el acceso al colectivo LGTBI. Además, subrayaron que no había ningún tipo de autorización administrativa relacionada con este evento.

Según se ha dado a entender, el propio Ayuntamiento se enteró por parte de los promotores que estos estaban considerando alquilar un local en la calle Cruz para organizar una fiesta, la cual sería clasificada administrativamente como una actividad ocasional. Sin embargo, ni siquiera habían iniciado el proceso de solicitud correspondiente ante el consistorio.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los organizadores decidieron, el mismo día en que se iniciaron las diligencias, desistir de llevar a cabo la fiesta en Torremolinos y mencionaron que estaban en busca de una nueva ubicación en otra ciudad. Esto revela la presión pública y la respuesta institucional que se ha generado en torno a esta problemática.

Adicionalmente, la Junta de Andalucía se ha involucrado en este episodio, anunciando que abrirá un expediente sancionador dirigido a los responsables de la fiesta, por infracciones a los derechos de las personas LGTBI. Este movimiento destaca un compromiso por parte de las instituciones regionales para promover un entorno más inclusivo y respetuoso con todas las identidades sexuales.