SEVILLA, 19 de agosto. En un hecho preocupante, un funcionario del centro penitenciario Sevilla I ha sido atendido en Urgencias después de sufrir una feroz agresión a manos de un interno. Este incidente se produce solo dos días después de otro ataque contra empleados de prisiones en la localidad de Morón de la Frontera, lo que pone de relieve una creciente problemática en el sistema penitenciario de la provincia.

De acuerdo con declaraciones de fuentes de Instituciones Penitenciarias a Europa Press, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha sido la primera en denunciar esta violenta situación. En su informe reciente, la APFP describió cómo, durante la tarde del lunes, varios internos informaron al funcionario agredido sobre una deuda que uno de sus compañeros tenía con ellos, lo que desencadenó la confrontación.

El funcionario intentó abordar la situación solicitando la presencia del interno involucrado, quien se mostró visiblemente nervioso y agitado. A pesar de los intentos del trabajador por calmar la situación, el interno se tornó agresivo y le propinó una serie de golpes, provocando lesiones en la parte izquierda de su cuerpo. Fue solo gracias a la intervención de otros compañeros que el interno pudo ser finalmente controlado y trasladado a otro módulo.

La APFP ha expresado su preocupación por la creciente violencia en las cárceles, señalando que para muchos internos, agredir a un funcionario se ha vuelto una acción sin consecuencias. La asociación ha denunciado la falta de respeto hacia los empleados penitenciarios, quienes, a pesar de su labor fundamental, no están considerados agentes de la autoridad.

Ante esta situación, la APFP ha realizado un llamado urgente al Ministerio del Interior. Exigen, entre otras cosas, que se reconozca a los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad y se les considere una profesión de riesgo. También se solicita la modernización de los medios de seguridad, como la inclusión de pistolas taser, así como un aumento en el número de personal para que se pueda hacer frente a las necesidades reales de los centros, minimizando así el riesgo de agresiones. Por último, insisten en la necesidad de una revisión salarial que equipare sus sueldos con los de sus colegas en Cataluña.