CÁDIZ, 28 de julio.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso significativo hacia la modernización de la infraestructura en la provincia de Cádiz, al anunciar la licitación de un contrato destinado a la conservación y gestión de las carreteras del Estado por un total de 22.868.820 euros, IVA incluido. Esta iniciativa se centrará en las vías de acceso a la capital gaditana a través de los emblemáticos Puentes de la Constitución y Carranza, y el anuncio oficial aparecerá pronto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio, el contrato tiene una duración inicial de tres años, con la opción de prorrogarse por hasta dos años adicionales y un máximo de nueve meses. Este documento no solo busca mantener la viabilidad y seguridad de las carreteras, sino que también incluye directrices para fomentar la eficiencia energética y la disminución de emisiones, contribuyendo así a una movilidad más sostenible y accesible para todos.

Entre las diversas tareas contempladas en el contrato se encuentran la vigilancia ante posibles accidentes, el mantenimiento de la seguridad vial en invierno, y la supervisión de túneles y sistemas de comunicación, así como el cuidado de las instalaciones necesarias para una circulación fluida y segura.

Este contrato abarcará el mantenimiento de 12,5 kilómetros de carreteras en el sector número 03 de la provincia, de los cuales aproximadamente 9 kilómetros son autovía. Las rutas afectadas incluyen la CA-35, que se extiende a lo largo de 7 kilómetros, incorporando el Puente de la Constitución de 1812, y la CA-36, con 5,5 kilómetros que incluyen el Puente Carranza.

Además, el Ministerio ha subrayado que el contrato contempla la rehabilitación del pavimento en la CA-35 entre los kilómetros 0 y 1,900, en ambas calzadas del Puente de la Constitución de 1812, lo que mejorará la calidad de esta importante vía de comunicación.

En un esfuerzo por alinear este proyecto con los objetivos ambientales, los pliegos de licitación para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado han incorporado estrictos requerimientos de mitigación de la huella de carbono. Esto significa que las empresas licitadoras deberán incluir en sus propuestas el cálculo de las emisiones de CO2 que se generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo.

El Ministerio ha recordado que el año pasado se implementaron ya medidas para mejorar la eficiencia energética en las instalaciones de servicio que incluyen el autoconsumo, la utilización de sistemas de calefacción renovables, y la promoción de vehículos eléctricos. A partir de 2023, se exigirá a los contratistas que presenten, en los primeros seis meses de la obra, un plan de descarbonización con el objetivo de alcanzar un balance de carbono neutro a los cinco años de iniciar el contrato.

El objetivo de esta iniciativa es reducir en 71.640 toneladas anuales las emisiones de CO2 que se generan por el funcionamiento habitual y las actividades de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado, de acuerdo a los estudios realizados por la Dirección General de Carreteras.