En un momento clave para la política de atención a menores migrantes, el Gobierno y las comunidades autónomas se preparan para un encuentro el lunes 28 de abril en Madrid. La Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia tiene como objetivo principal discutir el reparto de menores no acompañados, aunque la Comunidad de Madrid y Aragón han manifestado su rechazo a esta convocación.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, liderará la reunión, que dará inicio a las 16:00 horas en la Sala de Juntas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según informa Europa Press. Este evento llega tras la reciente aprobación por parte del Congreso de un real decreto-ley diseñado para asegurar una acogida digna a los niños que se encuentran en situaciones críticas en localidades como Canarias y Ceuta.

El real decreto-ley, que obtuvo el visto bueno en el Congreso el pasado 10 de abril, emerge como un recurso clave para el reparto de menores migrantes. La votación finalizó con 179 votos a favor, provenientes principalmente del PSOE y sus aliados, mientras que el PP y Vox se opusieron, acumulando 170 votos en contra, y con una sola abstención. Este decreto, resultado de negociaciones entre el Gobierno y Junts, introduce modificaciones en la Ley de Extranjería, estableciendo nuevos criterios para la distribución de esos menores entre las distintas comunidades.

A pesar de esta iniciativa, varias comunidades regidas por el PP han expresado su desacuerdo con el plan de redistribución, argumentando que se trata de una injerencia en sus competencias. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, solicitó la cancelación de la Conferencia, reiterando que la responsabilidad de proteger a los menores es una obligación local, especialmente en contextos de vulnerabilidad extrema.

Desde Aragón, el Gobierno local ha decidido llevar la disputa a los tribunales, interponiendo un recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de la Conferencia. Consideran que el enfoque del reparto podría favorecer desproporcionadamente a Cataluña, creando un desequilibrio en el manejo de la situación migratoria.

En julio del año pasado, el Congreso ya había rechazado una propuesta similar para la distribución de menores migrantes, con la oposición de PP, Vox y Junts. Desde entonces, el Ejecutivo ha estado en conversaciones con diversos grupos parlamentarios para encontrar soluciones que alivien la presión sobre las comunidades que enfrentan un elevado número de llegadas.

Con el objetivo de coordinar y supervisar este delicado proceso, el 8 de abril se estableció, a través de la Comisión Interministerial de Inmigración, un grupo de trabajo para gestionar eficientemente el reparto de niños migrantes no acompañados entre las autonomías.

Las recientes modificaciones a la legislación introducen nuevas directrices en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, donde se asegura que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia mantiene su autonomía, con la capacidad de tomar decisiones por unanimidad. Además, se establece que las comunidades que superan en tres veces su capacidad normal de acogida serán consideradas en estado de contingencia migratoria, lo que desencadenaría un proceso formal de reubicación.

También se han definido criterios específicos para la distribución de estos menores, que toman en cuenta aspectos como la densidad poblacional, los ingresos per cápita, las tasas de desempleo y las características geográficas de cada comunidad. Estos criterios podrán ser ajustados si hay consenso entre las distintas partes en la Conferencia.

Por último, la reforma legislativa también detalla el procedimiento para el registro de menores no acompañados, estableciendo que, en casos de contingencia extraordinaria, los traslados a las comunidades designadas deben completarse dentro de un plazo de 15 días desde que se realice el registro del menor.