Una red criminal dedicada a estafar dinero de pagos pendientes suplantando conversaciones entre proveedores y clientes de empresas ha sido desmantelada por la Guardia Civil en una operación denominada 'Osgiliath', que ha culminado con la detención de 30 personas en diferentes puntos de España, incluyendo la localidad jiennense de Pegalajar, y la recuperación de más de un millón de euros defraudados a más de cien personas de 18 países.

Entre los detenidos se encuentran dos cabecillas del grupo, aprehendidos en Getafe y Barcelona, y otras 40 personas que se presumen cómplices, la mayoría residentes en España pero también en otros países como Croacia, Hungría, Inglaterra, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Rumanía.

Más de cien víctimas han sido identificadas en diversos países europeos y de otras partes del mundo, engañadas por la organización criminal en tan solo un año.

La investigación liderada por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Joan de Alicante, con la colaboración de la Fiscalía de Criminalidad Informática de Alicante, Europol y diversas autoridades policiales internacionales, ha logrado identificar y bloquear 153 cuentas bancarias relacionadas con la red delictiva, recuperando más de 114.000 euros defraudados.

El modus operandi de este grupo delictivo consistía en aprovecharse de conversaciones privadas entre proveedores y clientes para modificar datos bancarios, realizando transferencias fraudulentas a cuentas controladas por los estafadores.

Además, se supo que los estafadores también utilizaban otras estrategias como la creación de páginas web falsas para vender productos inexistentes a precios competitivos, obteniendo datos personales de las víctimas que luego eran utilizados para contratar préstamos u otros productos financieros a nombre de terceros sin su consentimiento.

La operación policial, que comenzó en mayo del año pasado tras la denuncia de una empresa de construcción estafada, ha permitido desarticular esta sofisticada red criminal que se dedicaba a cometer estafas digitales de manera sistemática y organizada.

Los detenidos, de edades comprendidas entre los 19 y los 56 años, se enfrentan a cargos de estafa tecnológica, usurpación de identidad, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, mientras que los presuntos cómplices también han sido identificados y puestos a disposición judicial en el marco de esta compleja investigación.