En Almería, la Audiencia Provincial se prepara para el inicio de un juicio contra diez acusados, entre los cuales se encuentra un agente de la Guardia Civil. Se les acusa de formar parte de un grupo criminal dedicado a introducir grandes cantidades de hachís a través de los puertos de Roquetas de Mar, llegando a transportar cerca de 1.250 kilos en tan solo dos ocasiones.

La Fiscalía solicita penas de entre siete y cinco años de prisión para los acusados por delitos relacionados con pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública. Sin embargo, el agente implicado solo enfrenta cargos por revelación de secretos y cohecho, al haber proporcionado información a la organización para obstaculizar a los investigadores y facilitar el transporte de droga a cambio de pagos en especie.

Las detenciones de los acusados se llevaron a cabo en el marco de la operación 'Izabela', realizada por el grupo OCON-Sur de la Guardia Civil. La investigación apunta a C.I.P. como el líder de la banda, quien huyó a Marruecos tras los hechos. Se le acusa de dirigir todas las operaciones relacionadas con la droga.

Se revela que los acusados planearon introducir grandes cantidades de resina de cannabis en España previo a octubre de 2020 desde proveedores desconocidos del norte de África. La droga era recibida en alta mar por los acusados, quienes la transportaban en sus embarcaciones hasta Roquetas de Mar para su posterior venta.

En este proceso se utilizaron las embarcaciones recreativas 'Mara Izabela' y 'Gaviota' para transportar el hachís. Los acusados se encargaban de la descarga de la droga y vigilaban para evitar ser interceptados por la Guardia Civil.

El agente de la Guardia Civil investigado se encargaba de proporcionar información a la organización criminal. Les revelaba detalles sobre las investigaciones policiales, el paradero de vehículos y acceso a bases de datos, lo cual facilitaba las operaciones del grupo delictivo.

A pesar de las consultas realizadas por el agente sobre matrículas de vehículos sospechosos o personas relacionadas con el caso, la Fiscalía no pudo confirmar su conocimiento detallado de las operaciones de tráfico de drogas. Sin embargo, se evidenció que recibía pagos en especie o compensaciones por sus servicios.

El juicio dará inicio este lunes en la Audiencia Provincial de Almería, donde se espera esclarecer los delitos cometidos por esta presunta banda criminal dedicada al tráfico de drogas.