HUELVA, 29 de diciembre. En una reflexión cargada de preocupación, el presidente de Huelva Riega, Fernando González, ha expresado su decepción ante lo que considera el presupuesto más reducido en el Marco de Actuaciones para Doñana y el Plan de la Corona Norte. Esta asignación se destina principalmente a indemnizar a los agricultores que se verán obligados a abandonar sus tierras, su sustento. González considera esto como una contradicción evidente, sobre todo al observar que los ayuntamientos ya han distribuido los fondos, sin que se aclare el papel que realmente desempeñarán en el desarrollo socioeconómico de la región.

En una entrevista con Europa Press, González ha enfatizado que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) parece preferir un escenario sin actividades agrícolas adyacentes al parque natural de Doñana. Sin embargo, aclara que el número de hectáreas dedicadas al riego en la zona no es tan elevado como se podría pensar, contrastando la alarmante dicotomía que presenta la idea de que los agricultores locales sean los últimos en recibir compensación.

González ha planteado cuestiones críticas sobre la narrativa que señala a las extracciones legales de agua como responsables de la disminución del acuífero de Doñana. Ha señalado que mientras se culpa a los sondeos autorizados, se ignoran factores cruciales como el hecho de que algunas fuentes vitales de suministro de agua para el parque han permanecido inactivas durante 26 años, particularmente tras el desastre del río Guadiamar causado por la empresa Boliden. Sostiene que si el flujo de agua se detiene, cualquier extracción, por mínima que sea, contribuirá a una reducción continua del nivel de los acuíferos.

Asimismo, González ha resaltado la necesidad de reconocer que los problemas de gestión del agua recaen en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Se ha cuestionado por qué no se permite que el agua del Guadiamar fluya hacia el parque, sugiriendo que la responsabilidad de la crisis hídrica no debe ser cargada exclusivamente sobre los agricultores.

Además, ha criticado a algunas organizaciones ecologistas por recibir subvenciones sin contribuir de manera efectiva a la conservación del entorno. González ha denunciado que estas organizaciones afirmen que hay cerca de mil hectáreas de cultivos que consideran ilegales, basándose únicamente en imágenes satelitales o aéreas. Este enfoque ha sido descalificado por él como engañoso y ha dejado entrever que estas afirmaciones podrían estar motivadas por la incapacidad del Ministerio de confirmar su veracidad.

El presidente de Huelva Riega ha instado a que el presidente de la CHG explique por qué no se involucra más en la resolución de la supuesta ilegalidad de esas mil hectáreas cultivadas. Ha sugerido que debería llevar estos casos a la Fiscalía para que se investiguen las propiedades que, según las organizaciones, operan al margen de la ley. Termina su argumento planteando que si no se llevan a cabo estas acciones, es probable que realmente no haya ilegalidades y que las acusaciones en su contra sean infundadas.