La Fiscalía reclama cuatro años de cárcel para Fernando Villén y dos años y medio para el ex primer edil

SEVILLA, 25 Sep.

El juicio contra el ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y el exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García por presuntos delitos de prevaricación y malversación está listo para comenzar en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla este jueves. Este caso se centra en la contratación supuestamente injusta y arbitraria del ex primer edil en la Faffe, en base a la afinidad política en lugar de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Hace un año, la Audiencia de Sevilla condenó a Fernando Villén a seis años de prisión por malversación y falsedad en documentos oficiales relacionados con pagos en clubes nocturnos con tarjetas bancarias de la entidad pública. Ahora, se espera que este nuevo juicio revele más detalles sobre las presuntas irregularidades en la contratación de Antonio Torres García en la Faffe.

Según el auto del juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, existe una base sólida de indicios racionales que implican a Villén y Torres en los delitos investigados. El juez expuso que la contratación de Torres García como director en la Faffe se realizó de manera injusta y sin seguir los procedimientos adecuados, otorgándole un cargo ficticio para satisfacer sus demandas de contratación y salario.

El exalcalde de Lebrija, que carecía de la formación necesaria para el puesto, habría estado ocupando un cargo inexistente en la Faffe, sin desempeñar ninguna función real. A pesar de ello, habría recibido un salario anual significativo y beneficios adicionales hasta el cese de la fundación y su posterior integración en el Servicio Andaluz de Empleo.

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Fernando Villén por malversación y diez años de inhabilitación por prevaricación, mientras que para el exalcalde de Lebrija pide dos años y medio de cárcel por malversación y cuatro años de inhabilitación por prevaricación.