En un contexto donde la independencia judicial y la actitudes de colaboración entre tribunales se encuentran bajo el escrutinio público, un reciente informe solicitado por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha arrojado luz sobre la polémica generada por la Audiencia de Sevilla. Este tribunal andaluz ha manifestado su intención de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el fin de cuestionar las sentencias emitidas por el TC en el caso de los ERE, una situación que ha despertado inquietudes sobre la interpretación y aplicación del derecho a nivel nacional y europeo.

El documento, al cual tuvo acceso Europa Press, es descrito como una "nota" elaborada por un letrado del TC en respuesta a las preocupaciones planteadas por Conde-Pumpido. Este inquietante informe destaca que, aunque parece haber espacio para que los jueces españoles formulen preguntas a Luxemburgo, se cuestiona la legitimidad de sus dudas sobre cómo las decisiones del TC se alinean con el derecho comunitario. En este sentido, se sugiere que se está buscando un enfoque "impugnatorio" en lugar de un debate constructivo.

En particular, el escrito hace referencia a una reciente providencia de la Audiencia de Sevilla relacionada con el caso ERE, en la que se manifiesta la necesidad de plantear una cuestión prejudicial al TJUE. Esta acción surge tras la controversia generada por la interpretación del TC respecto a los delitos de prevaricación y malversación, que resultaron en la anulación de varias condenas, incluidas las de importantes figuras políticas como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El informe también menciona una providencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, siguiendo el mismo hilo, ha decidido acudir al TJUE después de que el TC anulara una sentencia en un litigio relacionado con Cabify y Auro. Este adelantamiento al debate jurídico interno ha llevado a Conde-Pumpido a compartir sus inquietudes con sus colegas magistrados, tanto informalmente como en sesiones oficiales, aludiendo a la posibilidad de que estas cuestiones prejudiciales sean malinterpretadas como un intento de eludir el cumplimiento de las decisiones del TC.

A pesar del clamor por el diálogo, el apoyo a la postura de Conde-Pumpido ha sido escaso, incluso dentro del sector considerado progresista del Tribunal. Este hecho ha propiciado la inclusión del tema en el próximo Pleno como un "debate jurídico" activo. En la preparación para esta discusión, varios magistrados, incluido Conde-Pumpido, han solicitado análisis adicionales para aclarar el panorama.

Una de las afirmaciones clave del informe subraya que existe una "indudable" posibilidad de que las preguntas prejudiciales sean planteadas por los jueces durante el cumplimiento de las sentencias del TC. No obstante, se advierte que cualquier intento de ejercer coerción por parte de entidades que no sean los jueces responsables puede ser visto como un obstáculo a la primacía del Derecho de la Unión Europea.

A pesar de que la duda sobre el derecho comunitario no se hubiese formulado en ocasiones anteriores, el informe enfatiza que consideraciones equívocas podrían distorsionar la primacía del Derecho de la Unión, limitándola a fases específicas de los procesos judiciales.

Refiriéndose específicamente a la Audiencia de Sevilla, el informe critica la falta de claridad sobre cómo la interpretación del Derecho de la Unión se relaciona con el caso concreto de los ERE. La falta de menciones a actos jurídicos de la UE que sustenten una negativa clara al acatamiento de las decisiones del TC genera aún más escepticismo.

En este marco, se pone en duda la justificación de preguntar si la interpretación del TC sobre las leyes de presupuesto de Andalucía está en contraposición con la normativa comunitaria, señalando que el reenvío a Luxemburgo se está utilizando como un medio para cuestionar decisiones jurisdiccionales que ya tienen valor de cosa juzgada, lo que podría infringir derechos fundamentales.

La forma en que se está manejando esta situación, según el informe, podría poner en peligro el principio del reenvío prejudicial como un mecanismo diseñado para facilitar la colaboración en la aplicación del Derecho de la Unión. Utilizar este recurso como un medio de cuestionamiento a decisiones de tribunales superiores podría desvirtuar su esencia y, a la larga, afectar el equilibrio institucional entre las distintas jurisdicciones.

Como conclusión, se destaca que tanto la prudencia como el respeto hacia las competencias de cada jurisdicción hacen necesario un enfoque cauteloso ante la apertura de nuevas disputas entre el TC, la Audiencia de Sevilla y el TSJM, evitando una escalada de desconfianza que podría minar la integridad del sistema judicial.