En un importante desarrollo en la lucha contra la violencia de género, Juana Rivas ha presentado una denuncia por violencia de género vicaria contra su expareja, Francesco Arcuri, un ciudadano italiano. Rivas sostiene que Arcuri ha estado utilizando a sus dos hijos como herramientas para infligir daño emocional en ella, señalando su deseo de que la justicia actúe con firmeza al respecto. Además, ha solicitado al Juzgado que se imponga una orden de protección que le prohíba a Arcuri acercarse o comunicarse con ella y sus hijos de cualquier forma.

El equipo legal de Juana Rivas ha enfatizado que esta denuncia representa un hito en el ámbito judicial español, ya que es la primera vez que se presenta un caso de esta naturaleza ante los tribunales. La intención de sus abogados es llevar este asunto hasta el Tribunal Supremo, con el objetivo de establecer un marco jurisprudencial adecuado que aborde un problema que ha sido sistemáticamente ignorado, a pesar de su amplia magnitud y sus devastadoras repercusiones.

La denuncia se ha formalizado en dos delitos: violencia psíquica habitual y lesiones. Según documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, esta denuncia ya ha sido registrada en la Oficina de registro y reparto del Juzgado correspondiente. El contenido de la denuncia expone cómo Rivas se ha visto atrapada en un complicado laberinto jurídico que se extiende por más de ocho años, buscando una resolución a la violencia sufrida. Sus abogados subrayan que la situación ha escalado significativamente, con episodios que, aunque individuales pueden parecer menores, en su conjunto ilustran una estrategia destructiva diseñada por Arcuri para someter tanto a Rivas como a sus hijos, creando un estado de control implacable.

Entre las demandas que se han presentado, los abogados de Rivas solicitan que Arcuri sea interrogado como parte del proceso y que se realice una evaluación del menor que tienen en común, el niño Daniel. También exigen que el Instituto de Medicina Legal produzca un informe que detalle las secuelas psicológicas que estos acontecimientos han dejado en Juana Rivas.

La denuncia abarca una serie de eventos que se remontan al 28 de agosto de 2017, fecha en la que Rivas se vio obligada a entregar a sus hijos a Arcuri, hasta la actualidad, donde se alega que Arcuri continúa acosándola y utilizando tácticas intimidatorias. Sus abogados han señalado que, durante este tiempo, la presunta violencia vicaria se ha perpetrado en Italia, aunque Arcuri realizó un viaje a España en diciembre, donde se intensificaron las amenazas contra Rivas, asegurándole que “intervendría” si se presentaban situaciones de maltrato contra su hijo.

Además, la denuncia incluye antecedentes de maltrato que Rivas había denunciado previamente en Italia, así como un auto de procesamiento emitido por la Fiscalía General de Cagliari contra Arcuri por presunto maltrato a sus hijos. Según el documento, Arcuri ha sometido a los niños a violencia física y psicológica, lo que ha resultado en graves problemas de ansiedad y temor por su seguridad.

Los abogados de Rivas subrayan el impacto que estas amenazas tienen no solo en los niños, sino también en Juana, quien se encuentra atrapada en un ciclo de miedo y ansiedad, temiendo por el bienestar de sus hijos al mismo tiempo que sufre las consecuencias de la violencia ejercida por Arcuri. Esta situación la ha creado una "lógica perturbación", dado que no puede escapar de esta presión continua.

El equipo legal de Rivas también ha solicitado que, cuando esta denuncia sea recepcionada y asignada a uno de los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Granada, se excluya de conocer el caso a la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2, a la que acusan de archivar las denuncias recibidas sin la debida investigación, así como a la jueza del Juzgado número 1, señalando que la mencionada juez es parte de un manifiesto de apoyo cuestionable. Esta petición pone de relieve la importancia de un tratamiento justo y riguroso en los casos de violencia de género, especialmente para proteger a las víctimas y asegurar que la justicia prevalezca en situaciones tan críticas.