La Audiencia Provincial de Huelva se prepara para llevar a cabo un juicio con jurado a partir del próximo lunes 20 de octubre, en relación a un incidente trágico ocurrido el 9 de octubre de 2022 en Gibraleón, donde un hombre arrolló a varios comensales en dos terrazas, resultando en la muerte de un joven de 32 años y dejando a ocho personas heridas. Este juicio se centra en un acto que ha conmocionado a la comunidad y ha puesto de relieve la necesidad de abordar los problemas de la violencia y la seguridad en espacios públicos.

El Ministerio Público ha presentado una acusación grave, solicitando una pena de 35 años de prisión por asesinato con alevosía, además de 23 y 12 años por intentos de asesinato, debido a que el acusado supuestamente actuó de manera premeditada y bajo una alteración psíquica que podría atenuar su responsabilidad. También se plantea la posibilidad de 15 años de libertad vigilada tras cumplir su condena.

Por otro lado, los familiares del fallecido exigen justicia, demandando una pena de 25 años para el acusado, junto a un total de 150 años adicionales por los intentos de asesinato y conducción temeraria. Además, reclaman más de medio millón de euros en indemnizaciones para cubrir las afectaciones físicas y emocionales sufridas por las víctimas y el entorno de la víctima mortal.

La acusación civil, representada por el Fiscal, también ha solicitado que el acusado responda económicamente junto a su compañía aseguradora, para indemnizar a las víctimas con cuotas que varían desde 1.281 hasta 41.863 euros. La familia del fallecido busca una compensación que se determine durante el juicio.

El juicio se produce tras más de dos años de indagaciones judiciales que culminaron a finales de 2024, tiempo durante el cual el acusado ha permanecido en prisión tras ser decretada su detención sin fianza. Los hechos en cuestión, según la Fiscalía, se produjeron entre la tranquilidad de una jornada, donde el acusado presuntamente tomó una decisión deliberada para embestir a personas inocentes que disfrutaban de su tiempo libre.

Las acusaciones indican que el individuo no solo actuó de manera violenta, sino que lo hizo con claras intenciones homicidas, apuntando en los documentos legales que el acusado, en plena conducción de su vehículo, se dirigió hacia una terraza llena de personas y gritó amenazas antes de arrollar a quienes se encontraban allí. Esta acción se describió como un acto de pura agresión que dejó a su paso un panorama de caos y desesperación.

Tras esta primera embestida, el acusado continuó su ataque cambiando de dirección en un intento por causar más daño, siendo confrontado por un ciudadano que intentó detener la situación. Esta intervención, sin embargo, no pudo evitar que el individuo continuara su ruta de destrucción, arrollando a más personas en otro establecimiento cercano.

Finalmente, se destaca que la respuesta clínica al caso ha puesto de relieve que, a pesar de su historial de violencia y problemas de salud mental, el acusado tenía pleno conocimiento de sus acciones. Los informes forenses sostienen que sus capacidades cognitivas estaban intactas y que su comportamiento se ajusta más a una fría intención de causar daño que a una incapacidad mental que lo exima de responsabilidad.

Este juicio no solo busca justicia para las víctimas y sus familias, sino que también plantea un debate necesario sobre la violencia en nuestras comunidades, la salud mental y la responsabilidad individual en actos tan devastadores como el que dio origen a este caso.