GRANADA, 17 de noviembre. La situación política en Motril se ha visto sacudida por la reciente decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, que ha abierto un juicio contra la actual alcaldesa, Luisa García Chamorro, del Partido Popular. Esta acción judicial se basa en la presunta malversación de fondos públicos y se llevará a cabo ante un jurado popular, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

El tribunal emitió su resolución el pasado 5 de noviembre, tras lo cual se notificó a las partes involucradas la necesidad de presentar sus documentos de acusación y defensa. Este procedimiento, una vez completadas las alegaciones, será enviado a la Audiencia de Granada, que establecerá la fecha para el juicio oral.

La investigación se centra en acusaciones de que García Chamorro utilizó fondos públicos para saldar una multa que le fue impuesta en 2017 tras ser hallada culpable de injurias graves dirigidas a un exgerente del PSOE en la empresa provincial de vivienda, Visogsa.

En específico, se investiga si entre 2019 y 2020 la alcaldesa presuntamente habría empleado recursos financieros del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Motril y del grupo popular en la Diputación de Granada para cubrir dicha multa, así como otras obligaciones civiles establecidas en la sentencia.

En este caso, García Chamorro es la única persona sujeta a investigación, dado que el Juzgado desestimó en julio del año pasado los cargos contra otros dos implicados, concluyendo que la evidencia en su contra no justificaba la acusación. Estos individuos incluían a la secretaria del grupo municipal y a una exconcejal, quienes estaban relacionadas con las cuentas bancarias en cuestión.

A pesar de los intentos de la alcaldesa de archivar el caso en su favor, la jueza reiteró que los fondos asignados a los grupos políticos, en los ayuntamientos y diputaciones, provienen del erario público, y su uso debe estar estrictamente relacionado con las funciones del grupo, contraviniendo esta norma García Chamorro si se confirmara que los utilizó para cubrir su multa.

La jueza también señaló que, si bien la alcaldesa devolvió parte del dinero a las cuentas de los grupos del PP, esto no implica que se cierre el caso ni que se eliminen los indicios de conducta delictiva. Los hechos ya estarían consumados, por lo que cualquier posible acción posterior podría ser considerada únicamente una atenuante dentro del proceso judicial.