SEVILLA, 7 de abril

Este lunes, en un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol y patrocinado por Moeve, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, junto a los líderes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, han subrayado la creciente preocupación por el absentismo laboral, al que calificaron como un "problema de Estado". Esta afirmación surge tras la alarmante cifra de un 6,7% de absentismo registrado al cierre de 2024, un récord que exige atención gubernamental urgente.

La consejera enfatizó que el absentismo laboral es uno de los principales escollos que enfrenta el tejido productivo actual, junto a la escasez de perfiles profesionales adecuados. Destacó que las ausencias no justificadas o por incapacidad temporal tienen un efecto dominó, generando serias repercusiones en toda la cadena de valor de las empresas.

Blanco señaló la complejidad que encierra el fenómeno del absentismo, destacando que abarca desde el trabajador que no se presenta sin razón hasta aquellos que están de baja temporal. La falta de estadísticas oficiales que midan con precisión el impacto de este fenómeno agrava la situación; en el último trimestre del pasado año, aproximadamente 1,4 millones de trabajadores faltaron a sus puestos, de los cuales 300.000 lo hicieron sin justificación.

Este panorama de ausencias ha acumulado un coste de unos 30.000 millones de euros, de los cuales las empresas han tenido que asumir 14.000 millones. A estos costos se suman los gastos adicionales derivados de la necesidad de sustituir a trabajadores en baja y la paralización de actividades productivas que esto conlleva. En este contexto, la Seguridad Social se ve obligada a cubrir 16.000 millones en costes, convirtiendo esto en una de sus partidas más abultadas tras las pensiones.

Pese a estos datos preocupantes, la consejera defendió la posición de Andalucía, que se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con el menor índice de absentismo laboral en España, con un 6,2%. Esto la coloca por debajo de la media nacional y lejos de regiones como el País Vasco y Canarias. Sin embargo, esclareció la necesidad de que el Gobierno central actúe de manera decidida frente a este problema que trasciende lo local.

Blanco insta al Gobierno a poner en marcha medidas más efectivas para abordar el absentismo, sugiriendo la implementación de un bonus similar al de siniestralidad, que incentive a las empresas a gestionar este fenómeno de forma más proactiva. Además, abogó por un mayor compromiso del Gobierno en la concienciación y mejora de las condiciones laborales, así como en el papel que las mutuas colaboradoras pueden jugar en patologías no traumáticas.

Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, su presidente, Javier González de Lara, coincidió en calificar el absentismo como un grave problema ignorado por muchos. Afirmó que la raíz del problema reside en la productividad, sobre la cual se tiende a mantener un silencio que él considera perjudicial. Insistió en que la productividad es esencial para la salud financiera de las empresas y que estas deberían contar con la libertad necesaria para operar.

González de Lara también dirigió críticas hacia la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por decidir regulaciones que, en su opinión, no abordan la raíz del problema. Subrayó que el absentismo ha crecido un 80% en los últimos cinco años y que es un tema serio que no puede ser tratado a la ligera.

Por su parte, Lorenzo Amor de ATA sugirió que el absentismo se solucionaría de inmediato si las empresas asumieran el coste de las bajas laborales, lo que fomentaría un control más estricto sobre este fenómeno. Amor también expresó su preocupación por la competencia desleal creada por aquellas empresas que no cumplen con el pago de horas extras y criticó la falta de controles equitativos que afectan tanto a la parte empresarial como a los trabajadores.

En cuanto a los obstáculos fiscales y administrativos que enfrentan las empresas, Amor apuntó que muchas barreras a nivel nacional dificultan el crecimiento, mientras que en Andalucía se están realizando esfuerzos por reducir la presión fiscal y simplificar trámites burocráticos que afectan a los emprendedores.

El enfoque de la consejera se centró también en el impulso de programas de Formación Profesional que se alineen con las necesidades del mercado laboral. Resaltó la importancia de estos recursos en la reducción del desempleo y en preparar a los jóvenes para los desafíos profesionales actuales. Asimismo, subrayó la necesidad de una colaboración más estrecha entre universidades y empresas para adaptar los currículos académicos a la demanda real del mercado laboral.

Finalmente, el presidente de la CEA hizo un llamado a las instituciones educativas para que se alineen más con las necesidades del mercado, sugiriendo que estas colaboraciones son vitales para asegurar que los graduados estén mejor preparados para la vida laboral, alejándose de debates distractores sobre la propiedad de las instituciones educativas.