SEVILLA, 9 de diciembre de 2023

El Gobierno de Andalucía ha dado a conocer una nueva instrucción conjunta que involucra a las consejerías de la Presidencia y Justicia. Esta normativa busca implementar una serie de "recordatorios puntuales" dirigidos a altos cargos y sus parejas, debidamente registradas, acerca de la obligación de publicar sus respectivas declaraciones de ingresos del último ejercicio fiscal. Esta información podrá ser presentada a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

Las adaptaciones necesarias en los formularios destinados al registro de los ingresos de estos altos funcionarios, junto con sus parejas, serán gestionadas por la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Justicia. Además, la instrucción establece que la información referente a los ejercicios fiscales previos permanecerá accesible mientras el alto cargo esté en activo y durante un período de dos años posteriores al cese de su función, según lo estipulado en la norma que entró en vigor el pasado 29 de noviembre.

En cuanto al personal de alto cargo de la Junta de Andalucía, el proyecto de Presupuesto para 2025 establece que existen 273 altos funcionarios, categorizados entre 192 responsables directos y 81 delegados territoriales o equivalentes. Para el próximo año fiscal, se anticipa que el programa de Alta Dirección de la Junta ascenderá a 89,22 millones de euros, que abarca no solo los salarios de los directivos de las agencias públicas y consorcios, sino también cualquier tipo de remuneración, ya sea en efectivo o en especie.

La coordinación del seguimiento de estas publicaciones recaerá en la Secretaría de Transparencia, bajo la dirección de Tomás Burgos, quien se encargará de supervisar las Unidades de Transparencia de 14 consejerías y 6 entidades instrumentales. Esta estructura busca garantizar que todos los procesos sean claros y accesibles para el público en general.

Por otra parte, se resalta el papel de la Inspección General de Servicios, ligada a la Consejería de Justicia, que se encargará de difundir en el Portal de la Junta de Andalucía la información correspondiente a los formularios presentados por los altos cargos y sus parejas. Estos formularios serán registrados a través del Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones, disponible en el sitio oficial.

La normativa también establece que los cónyuges o parejas de hecho deberán completar y firmar el formulario pertinente. Sin embargo, se permite que sea el alto cargo quien realice la remisión electrónica del mismo. En el caso de presentaciones conjuntas o individuales, es imprescindible que se incluya el consentimiento explícito del cónyuge o pareja de hecho, tanto para la declaración como para su posterior publicación.

La instrucción regula que la documentación necesaria para el registro de actividades debe ser presentada antes del 1 de agosto de cada año, al momento de la toma de posesión, o en un plazo de dos meses tras cualquier modificación relevante en la situación del alto cargo.

El objetivo de esta normativa es simplificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 3/2005 sobre Incompatibilidades y Retribuciones del personal de alto cargo en la Administración de la Junta de Andalucía, así como las Declaraciones de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones para otros cargos públicos. Esta ley impone la obligación de presentar autoliquidaciones fiscales completas del último ejercicio tributario correspondiente.

La información resultante de estas declaraciones se pondrá a disposición del público en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía, reafirmando así el compromiso de la administración pública con la claridad y la rendición de cuentas. La reciente instrucción conjunta sustituye a anteriores normativas, concretamente las instrucciones 1/2017 y 1/2018, que abordaban los mismos temas.

La Ley 3/2005 define como altos cargos a una serie de figuras clave, que incluyen al presidente de la Junta de Andalucía, al vicepresidente, a los consejeros, y a otros funcionarios de alto rango, como secretarios generales y directores generales. Además, esta categorización abarca también a los miembros del gabinete de la presidencia, delegados del Gobierno y otros cargos de notable importancia en la estructura administrativa andaluza.

Asimismo, se incluyen en la lista de altos cargos a presidentes, gerentes y directores de agencias públicas, así como a aquellos funcionarios que ocupan posiciones de libre designación con igualdad o mayor rango que el de director general y que son definidos como tales por normas de rango legal o reglamentario.