Un grupo de trabajo conformado por representantes de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se reunirá el próximo lunes, 9 de octubre, en Sevilla para buscar una solución consensuada al problema de los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del 'Plan de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana', aprobado en 2014.

Según fuentes de la Junta, se espera que en esta reunión se comiencen a discutir propuestas para abordar este problema. Además, el miércoles 11 de octubre se llevará a cabo otra reunión con colectivos de la zona, como los agricultores y regantes, en la que participarán el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta.

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha expresado la voluntad de la Junta de llegar a un acuerdo y elogió la respuesta del Gobierno central ante este problema de larga duración. Sanz destacó la importancia de impulsar el sector económico de Huelva y garantizar el futuro de la agricultura local.

Sobre la proposición de ley para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva, Sanz afirmó que no se ha retirado y que su vigencia dependerá de si hay acuerdo. Además, subrayó la importancia de que los agricultores respalden dicho acuerdo.

Esta reunión tendrá lugar casi una semana después del encuentro entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Ambos anunciaron la apertura de un proceso de diálogo entre la Junta y el Gobierno para abordar esta cuestión.

El inicio de este periodo de diálogo implica que el debate de la proposición de ley impulsada por el PP-A y Vox se posponga un mes. Si al cabo de ese tiempo no se llega a un acuerdo entre los gobiernos y los afectados, el debate se retomará en el Parlamento de Andalucía.

Mientras tanto, Juanma Moreno agradeció a la vicepresidenta su disposición al diálogo y señaló como objetivo común de ambas administraciones la sostenibilidad de los espacios naturales y el desarrollo económico y social de la zona de Huelva.

Por su parte, Teresa Ribera destacó la importancia de que las administraciones trabajen juntas, escuchando a quienes viven en el territorio y buscando propuestas que satisfagan a todos los habitantes respetando la legalidad ambiental. También defendió el Marco de Actuaciones Alternativas para Doñana, dotado con 350 millones de euros, que busca recuperar el funcionamiento ecológico de este espacio y mitigar los impactos a los que se enfrenta.