SEVILLA, 7 de noviembre.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha proclamado este viernes que la firma de un preacuerdo entre la Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO marca un "salto irreversiblemente hacia el futuro" para la Administración Pública andaluza, destacando su carácter "histórico". Este acuerdo, que busca impulsar la modernización del empleo público y asegurar servicios de calidad, representa un avance significativo para los empleados del sector.

El pacto alcanzado en la Mesa General de Negociación Común se trasladará a partir del próximo lunes a las mesas sectoriales pertinentes y, posteriormente, será presentado al Consejo de Gobierno junto a los informes necesarios para su aprobación definitiva. Con una duración de cinco años y un presupuesto de 250 millones de euros, este preacuerdo beneficiará a 65,000 trabajadores del sector público en Andalucía mediante mejoras en sus condiciones salariales.

Nieto, quien mostró su gratitud hacia los sindicatos por su dedicación y aportes durante el proceso de negociación, aseguró que este pacto es un paso determinante para dignificar las condiciones laborales de los empleados públicos y mejorar la calidad del servicio brindado a los ciudadanos. En este contexto, subrayó la relevancia de involucrar a la Administración General de la Junta de Andalucía, una entidad que había estado excluida de acuerdos anteriores en sectores como Salud y Educación.

Este preacuerdo también incluye esfuerzos específicos para mejorar la productividad de los funcionarios de Justicia, además de la creación del VII Convenio para el personal laboral de la Junta de Andalucía, que se centrará en abordar las necesidades actuales del sector público instrumental.

El acuerdo, con un impacto económico significativo, establece un marco de acción para los próximos cinco años, encaminándose a la modernización del sector público andaluz y priorizando la atención de calidad a la ciudadanía. Se organiza en cuatro ejes fundamentales: la transformación de la Administración Pública, el fortalecimiento del capital humano, la modernización de convenios colectivos y el reforzamiento de la calidad de los servicios públicos.

En lo que respecta al modelo de remuneración, la nueva Ley de la Función Pública de Andalucía introducirá un sistema que contempla complementos objetivos basados en el puesto, la competencia, el desempeño y el desarrollo profesional. También se buscará recuperar progresivamente la acción social. Además, se llevarán a cabo actualizaciones en los convenios colectivos tanto del personal de la Administración General como del Sector Público Instrumental, con el compromiso de adaptarlos a las necesidades actuales y al nuevo marco normativo.

La Junta ha considerado este preacuerdo como un hecho "histórico", subrayando que es el primero de su tipo en el siglo XXI. La colaboración y el compromiso conjunto de las organizaciones sindicales han sido elementos clave para su consecución, según Nieto, quien extendió su reconocimiento a todos los actores involucrados, incluidos miembros del gabinete y diversas direcciones generales.

Por su parte, CCOO destacó la necesidad de revisar las retribuciones, indicando que su esfuerzo ha sido resultado de múltiples negociaciones y movilizaciones. UGT, en su declaración, manifestó que este acuerdo es un avance significativo hacia el fortalecimiento del empleo público y la garantía de un servicio de calidad, en consonancia con la nueva Ley de la Función Pública de Andalucía.