El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha decidido dar un paso significativo en la investigación sobre posibles irregularidades en la fraccionamiento de contratos dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia. En este contexto, se ha solicitado un informe exhaustivo a la Intervención General del Estado (IGAE), con el objetivo de realizar un "análisis global e integral" de las contrataciones menores que están bajo escrutinio. Esta acción se produjo después de que se presentara una denuncia por parte de Podemos Andalucía, que alerta de un posible fraccionamiento de contratos que suman un total de 235,4 millones de euros.

Según una providencia emitida el 4 de diciembre, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez exige a la IGAE que evalúe "todos los contratos en cuestión, así como sus adendas, prórrogas y modificaciones". Esto se hace para que se puedan identificar posibles irregularidades señaladas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Es importante destacar que la intervención previa del SAS se limitó a una muestra, por lo que ahora se requiere un análisis más amplio para esclarecer la situación.

Además, el magistrado ha demandado a la IGAE un "análisis técnico" de cada expediente administrativo relevante, que incluirá la evaluación de la existencia y validez de la causa que justifica el fraccionamiento de los contratos en cuestión. Este análisis deberá abarcar una revisión detallada de todos los procedimientos administrativos llevados a cabo para esos contratos.

El juez también ha solicitado una evaluación técnica sobre los precios de los contratos en cuestión. Se requiere una comparación de los precios acordados con aquellos que habrían resultado de seguir los procesos adecuados establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, garantizando así la adecuada publicidad y concurrencia en el acceso a esas contrataciones.

En este sentido, el magistrado ha enfatizado la importancia de comparar los precios convenidos en Cádiz con los de otras comunidades autónomas, accediendo a la documentación pertinente y solicitando que se recojan todos los datos necesarios para completar la pericial.

Además, la IGAE deberá analizar si hubo justificación para la prestación de los servicios contratados y abonados, así como las fuentes de financiación de los importes investigados. Esto implica revisar todas las fases de autorización y aprobación del gasto público, asegurando que cada paso se ajuste a la normativa financiera estipulada.

Finalmente, el juez ha pedido que se evalúe el posible daño al erario público como consecuencia de las irregularidades detectadas. Este análisis deberá considerar si las contrataciones cumplían con los procedimientos legales establecidos en términos de publicidad, competencia y concurrencia. Esta decisión puede ser apelada en un plazo de tres días tras su notificación.

Cabe mencionar que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz había decidido a finales de octubre extender el periodo máximo de investigación hasta abril de 2026, tras una solicitud del PSOE que contó con el apoyo de Podemos y el Ministerio Fiscal, en una solicitud que fue rechazada por el resto de las partes implicadas.