GRANADA, 7 de enero.

La situación legal de Juana Rivas, madre de un niño menor que ha sido objeto de una disputa en los tribunales, ha tomado un giro significativo tras la decisión del Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada. Este tribunal, actuando en funciones de guardia, ha decidido suspender temporalmente la orden de restitución emitida por la Corte de Apelación de Cagliari, Italia, la cual requería que el menor regresara a vivir con su padre, Francesco Arturi. La madre, Juana Rivas, había denunciado nuevamente a Arturi por supuestos actos de coacción y amenazas hacia el menor, lo que complicó aún más la situación.

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado tomó esta medida después de que tanto la madre como la Fiscalía solicitaran la protección del menor, previsto para regresar con su padre este miércoles. La decisión del Juzgado responde a una necesidad primordial: salvaguardar el bienestar del niño en medio de un contexto familiar cargado de tensiones y denuncias de maltrato.

Antes de llegar a esta resolución, la juez de guardia y el fiscal realizaron una exploración del menor, en la cual escucharon su testimonio en un entorno judicial. Posteriormente, la juez decidió inhibirse, remitiendo el caso al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Granada. Este nuevo tribunal deberá evaluar si se hace cargo del proceso, especialmente dado que ya existe una denuncia de malos tratos presentada por la madre, aunque actualmente dicha denuncia se encuentra archivada y su estatus es objeto de un recurso ante el mismo Juzgado de Violencia.

En días recientes, Rivas había solicitado medidas de protección internacional para su hijo menor, a fin de evitar que regresara a Italia con su padre tras las vacaciones de Navidad. Esto ocurrió tras la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada de inhibirse en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, donde existe un procedimiento abierto debido a una denuncia de violencia de género presentada por la madre contra Arturi. Rivas había solicitado medidas cautelares para que el menor no viajara con su padre.

De acuerdo con el despacho Aránguez Abogados, se tomó la decisión de enviar una carta a la Fiscalía de Granada después de que el Juzgado de Primera Instancia no concediera las medidas cautelares solicitadas. La situación del niño, descrita como "clara de riesgo", ha llevado a los letrados a solicitar urgentemente "protección internacional" debido a las amenazas que, según afirman, habrían puesto en peligro su vida. Insisten en la crucial necesidad de que su voz sea escuchada en este proceso.

Pasadas las 18:00 horas, el equipo legal decidió presentar un escrito ante el Juzgado de Guardia de Granada solicitando que se escuchara al menor. Argumentan que la falta de acción del Juzgado de Primera Instancia número 10, que se inhibió sin adoptar medidas de protección, es inaceptable. También destacaron que, a pesar de los serios temores expresados por el niño, no ha sido escuchado por ninguna autoridad judicial en España, lo que agrava su situación.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informaron que el Juzgado de Primera Instancia número 10 había acordado recientemente inhibirse en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer para abordar la demanda presentada por la madre de Maracena, donde se solicitó una "medida de no regreso" del menor a Italia.

Los procedimientos en este tipo de casos suelen ser priorizados por los juzgados penales cuando hay coincidencias en las instancias, como es el caso actual, según ha indicado el TSJA.

Aunque el Juzgado de Violencia de Género decidió archivar la demanda de la madre, el proceso seguirá adelante, ya que la resolución de sobreseimiento ha sido recurrida, lo que significa que la decisión no es definitiva. Esta prolongada batalla legal ha planteado interrogantes sobre la protección de los derechos del menor y la respuesta de las instituciones ante situaciones tan delicadas como la violencia de género y la custodia de menores.