ALMERÍA, 23 de octubre.

La Audiencia Provincial de Almería ha tomado una decisión crucial en el caso de Ana Julia Quezada, quien está cumpliendo una condena de prisión permanente revisable por el trágico asesinato de Gabriel Cruz en 2018. El tribunal ha ordenado el embargo de sus bienes y salarios para garantizar el pago de una indemnización de 500.000 euros que se otorgó a los padres del niño, en respuesta a la magnitud del dolor causado por este crimen.

Según fuentes legales cercanas, un decreto emitido el 8 de octubre por el letrado de la Administración de Justicia establece que se embargue la pequeña cantidad que Quezada recibe por su trabajo en el centro penitenciario de Brieva, que ascendería a unos 200 euros mensuales, así como cualquier otra eventual compensación algún día que reciba.

La sentencia original, que se dictó en septiembre de 2019, establecía que Quezada debía pagar 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel por los daños morales, además de 200.203 euros por los costos que incurrió el Estado durante la búsqueda del menor, un esfuerzo que se prolongó durante casi dos semanas.

A pesar del tiempo que ha transcurrido desde el veredicto, según informa Prensa Ibérica, Quezada solo ha podido abonar la ínfima suma de 467 euros a los padres de Gabriel, lo que refleja una falta de compromiso con la reparación de los daños causados.

La defensa de Ana Julia Quezada ha impugnado esta medida de embargo, argumentando que su salario en prisión es inferior al mínimo legal y, por tanto, no debería ser susceptible de embargo. Además, ha señalado que el resto de su patrimonio se compone de pequeños apoyos económicos que recibe de sus familiares.