SEVILLA, 26 de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la comparecencia como testigo de Catalina García, actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en relación con las investigaciones que se llevan a cabo en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla. La causa trata sobre la contratación de urgencia ejecutada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la fase post-pandemia, un proceso que se intensificó tras la derogación de la legislación que regulaba esta forma de contratación, vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público.

Además, se ha propuesto que también testifique Roberto Ochoa, exviceconsejero de Hacienda y Financiación Europea, quien ocupó el cargo desde septiembre de 2020 hasta agosto de 2022. Su declaración se considera esencial para comprender mejor el contexto de las decisiones tomadas en aquél momento.

García, quien se desempeñaba como viceconsejera de Salud durante la dirección de Jesús Aguirre al frente de la consejería, se verá ahora frente a la justicia, tras la confirmación de su citación por parte de medios como Cadena Ser Andalucía y Europa Press. Su trayectoria en el ámbito de la Salud se ha visto envuelta en este entramado de contrataciones, lo que añade complejidad al caso.

La solicitud de la Fiscalía, aún sujeta a la decisión del juez José Antonio Gómez, representa un nuevo avance en las diligencias previas 2476/2024. Esta acción se evalúa en el contexto de las declaraciones que se han realizado en las audiencias de testigos celebradas recientemente, los días 18 y 25 de noviembre.

La esencia de la investigación radica en esclarecer el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, que autorizó la contratación de emergencia por parte del SAS, transformando la fiscalización de estos contratos de un control previo por parte de la Intervención General a un modelo de supervisión posterior, lo que ha generado inquietudes sobre la correcta utilización de los recursos públicos.

Durante las audiencias, la viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeas y Diálogo Social, Amelia Martínez, quien fue responsable de la Intervención General de la Junta, reveló que la inclusión de los contratos del SAS en el control financiero permanente no estuvo respaldada por una solicitud formal del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, ni por un informe de la Intervención. Esto genera dudas sobre la transparencia y la legalidad de tales decisiones, según informaron presentes en la actividad.

Martínez detalló que la inclusión de los contratos del SAS se dio tras deliberaciones en la Comisión General de Viceconsejeros, también conocida como el "Consejillo", donde se discuten y preparan los contenidos que luego son aprobados por el Consejo de Gobierno. En aquella época, García y Ochoa ocupaban los cargos de viceconsejeros de Salud y Hacienda, respectivamente, contribuyendo a la elaboración de este importante acuerdo.

La Fiscalía busca obtener el testimonio directo de estas figuras clave para arrojar luz sobre la decisión de incorporar los gastos del SAS a un control financiero cuya supervisión se realiza posteriormente, lo que podría tener implicaciones significativas en la gestión de la crisis sanitaria y el uso de los recursos públicos en Andalucía.