SEVILLA, 28 de octubre. La Junta de Andalucía ha decidido adoptar una postura cautelosa y aguardará los resultados de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, así como la contestación del colegio de la fallecida Sandra Peña a las peticiones de información, antes de considerar la posibilidad de revocar su concierto educativo, en caso de que se demuestre una infracción de carácter muy grave. Esta decisión llega tras el trágico suicidio de la estudiante, que supuestamente fue víctima de acoso escolar.

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, destacó que, a pesar de existir indicios claros, el colegio no activó los protocolos necesarios, tanto los dirigidos a la intervención como aquellos diseñados para prevenir conductas autolesivas. Resaltó que solo se llevaron a cabo algunas medidas esporádicas y un seguimiento limitado con la familia de la joven.

La consejera también subrayó que se ha hecho una remisión a la Fiscalía para determinar si hubo responsabilidad por parte de los agresores y, además, para evaluar la responsabilidad penal del propio colegio y su personal docente. Este enfoque es crucial para abordar la complejidad del caso y garantizar que se tomen las medidas adecuadas.

En relación con el centro educativo implicado, Castillo informó que se ha iniciado un expediente administrativo y se han emitido varios requerimientos. Están a la espera de la respuesta del colegio sobre las acciones disciplinarias que se han tomado hacia los empleados involucrados, subrayando que, al ser un centro privado concertado, la responsabilidad recae en la dirección del mismo.

Castillo enfatizó que el hecho de que el colegio no activara los protocolos establecidos equivale, sin duda, a una violación de la normativa vigente. Aclaró que la ley proporciona un marco claro sobre las sanciones que pueden aplicarse en tales casos, que varían desde apercibimientos por infracciones leves hasta sanciones económicas y potencialmente la pérdida del concierto educativo por infracciones muy graves.

La consejera también destacó la importancia de la participación activa de los estudiantes en la detección y denuncia del acoso, sugiriendo que muchos jóvenes tienen la capacidad de identificar estas situaciones y deberían sentirse empoderados para comunicarlo a los adultos, reforzando así una cultura de apoyo hacia quienes se encuentran en situaciones vulnerables.

En respuesta a esta alarmante situación, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil programada para este martes, instando a los alumnos de ESO, Formación Profesional y Bachillerato a tomar las calles en solidaridad con la familia de la joven y manifestar su rechazo al bullying a partir de las 12:00 horas en diversas ciudades.

Entre las demandas de los convocantes destaca la necesidad de incrementar la contratación de psicólogos en todos los centros educativos para asegurar un apoyo adecuado a los estudiantes. La consejera Castillo manifestó que su departamento está comprometido en poner énfasis en la prevención, a través de programas específicos de formación dirigidos tanto al profesorado como al alumnado sobre la importancia de trabajar en valores.

Además, Castillo reconoció que es fundamental reflexionar como adultos sobre el comportamiento hacia los demás, sugiriendo que cuando los adultos interactúan negativamente, también están enseñando a los jóvenes comportamientos perjudiciales. En este sentido, expresó su confianza en el poder del movimiento estudiantil como agente de cambio y la necesidad de que todos den un buen ejemplo.

Por otra parte, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Digital de Andalucía, ha implementado un sistema que permite a los padres regular el acceso de sus hijos a contenidos en Internet, el cual es idéntico al que se aplica en los centros educativos, restringiendo el acceso a ciertas páginas durante las horas de clase.

Finalmente, Castillo aseguró que el sistema educativo y los centros escolares en Andalucía son seguros, aunque reconoció que en este caso no se activaron los protocolos de intervención pertinentes. Sin embargo, subrayó que en la mayoría de los centros estos mecanismos sí se ponen en marcha cuando son necesarios.