SEVILLA, 20 de octubre. En un giro alarmante de los acontecimientos, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha emitido una severa advertencia respecto al colegio Irlandesas Loreto de Sevilla. Este centro educativo se encuentra en el ojo del huracán tras la trágica muerte de una menor, quien, según se informa, se quitó la vida como consecuencia de bullying. La Junta no descarta que el colegio pueda perder el concierto educativo si se determina que ha habido un incumplimiento grave en sus responsabilidades.

Las autoridades educativas han enfatizado que será la Fiscalía quien se encargue de esclarecer las posibles responsabilidades en torno a este caso. Al mismo tiempo, la dirección del centro deberá llevar a cabo las medidas necesarias para sancionar a su personal según lo que la Consejería ha estipulado. Si la investigación concluye que efectivamente hubo un incumplimiento gravísimo del concierto educativo, la Junta podría proceder a revocar su conceso.

La Consejería ha dejado claro que el día 16 de octubre recibió información sobre el hecho de que el colegio Irlandesas Loreto no activó los protocolos diseñados para manejar situaciones de acoso escolar ni tampoco los que abordan conductas autolesivas, contraviniendo así la normativa vigente. Como consecuencia, se ha decidido enviar toda la información relevante a la Fiscalía y abrir un expediente administrativo para esclarecer responsabilidades.

La Inspección Educativa ha actuado con celeridad, lanzando inmediatamente una investigación que busca obtener todas las evidencias necesarias sobre el caso. Se están recopilando testimonios de la dirección del centro, así como documentos que reflejan las comunicaciones y acciones que se implementaron, con una acta y un informe recomendando medidas adecuadas.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha informado que se ha iniciado una investigación de oficio. Su objetivo es analizar la efectividad de los protocolos anti-bullying en relación a la muerte de la menor. Maeztu ha elevado una queja formal a las autoridades educativas y ha subrayado la importancia de actuar de manera preventiva ante cualquier señal de acoso o violencia, afirmando firmemente que “los protocolos tienen que funcionar”.

De acuerdo con la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente a 2024, hasta la fecha se han abierto 75 expedientes relacionados con acoso escolar, un procedimiento penal que se inicia cuando un joven de entre 14 y 18 años es señalado por un presunto delito. De esos casos, la mayoría se localizan en Málaga (62), seguidos por Cádiz (6), Jaén (4) y Huelva (3), mientras que no se ha registrado ninguno en Sevilla.

La memoria destaca que, en general, la mayoría de los expedientes se resuelven a través de soluciones extrajudiciales, un patrón que se ha repetido en las memorias anuales previas. Esta información también refleja la creciente preocupación de la Fiscalía Superior de Andalucía por la problemática del acoso escolar, un tema que sigue generando alarma en la sociedad.