La Junta de Andalucía ha expresado contundentemente su oposición al reciente procedimiento de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en las marismas de Doñana, que afecta específicamente a localidades como Almonte, Hinojos (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla). Este acto fue aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y se hizo oficial hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona, ha sido el portavoz de este pronunciamiento durante una sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, que se llevó a cabo en el Centro Administrativo El Acebuche, situado en Almonte. Durante la reunión, Arjona informó que los servicios jurídicos de la Junta están preparando un recurso, argumentando que el proceso presenta múltiples "errores técnicos y jurídicos" y se realizó sin el debido consenso y sin considerar el informe obligatorio del Consejo de Participación.

Este encuentro estuvo centrado exclusivamente en evaluar el informe relacionado con el deslinde que afecta a las localidades mencionadas, un proyecto impulsado por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio. Como resultado de la deliberación, el Consejo ha decidido emitir un dictamen negativo sobre la propuesta y, además, elevará una queja formal al Ministerio por no haber tomado en cuenta el informe necesario del consejo.

Bajo la presidencia de Enrique Mateos, la reunión contó con la presencia de destacadas figuras como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los alcaldes de Almonte y Hinojos. También asistieron representantes de diversas instituciones, incluyendo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como de organizaciones agrarias y ecologistas.

Arjona expresó su descontento por el hecho de que el Gobierno de España haya avanzado con este deslinde sin consultar el informe del Consejo de Participación, a pesar de que el Ministerio tenía conocimiento de la convocatoria de esta reunión extraordinaria desde el pasado 26 de septiembre.

"Nos parece incomprensible que se haya procedido a su publicación en el BOE sin esperar a que este órgano diera su opinión, especialmente considerando que la normativa reclama su consulta en estos procedimientos que afectan directamente a un espacio natural protegido como Doñana", manifestó.

El viceconsejero recordó que la Junta ya había manifestado su desacuerdo con el deslinde mediante informes enviados por el Espacio Natural de Doñana en noviembre y diciembre de 2023. En esos documentos, el equipo técnico afirmó que la propuesta del Ministerio no estaba debidamente justificada y superaba los límites naturales que gobiernan la influencia mareal, advirtiendo que los ecosistemas de la zona no se relacionan con los procesos de mareas que se esgrimían en el expediente.

Asimismo, detalló que los informes cuestionaban la referencia a una "montaña del río" considerada como una barrera artificial para la conexión entre la marisma y la marea, recordando que dicha infraestructura fue concebida para facilitar la inundación de las marismas, cuyo funcionamiento se basa en un origen pluvio-fluvial, no marino.

El viceconsejero consideró que esta actuación no solo se lleva a cabo sin el acuerdo de las administraciones implicadas, sino que también carece del rigor técnico necesario para sustentar un cambio en la clasificación de terrenos que, en realidad, afecta al 56% de las fincas públicas en el entorno de Doñana gestionadas por la Junta.

Este deslinde abarcaría la totalidad de las marismas en Sevilla, adquiridas por el Estado en 2006 a propietarios privados, las cuales fueron posteriormente transferidas a la comunidad autónoma mediante un decreto. "Estas son propiedades bien conservadas, con una gestión ambiental ejemplar, que han sido objeto de estudios y control constante", subrayó Arjona, insistiendo en que no hay justificación para intervenir en un territorio que ya se encuentra bajo un régimen de protección integral.

Además, argumentó que el proceso impulsado por el Ministerio genera una incertidumbre legal innecesaria sobre los límites de gestión y propiedad, lo que podría conducir a conflictos administrativos y operativos en la conservación de este espacio invaluable.

A lo largo de su intervención, Arjona enfatizó la falta de transparencia y diálogo en la tramitación, criticando que el Gobierno central actuó de manera unilateral sin considerar a las administraciones que diariamente gestionan Doñana, ni a los órganos de participación establecidos por ley.

El viceconsejero lamentó que no se haya buscado un consenso necesario, mencionando que en otras partes de España, el Ministerio ha optado por dejar caducar procesos similares por falta de acuerdo. Sin embargo, en este caso, se aceleró el proceso, se publicó sin el respaldo del Consejo de Participación y en contraposición a informes técnicos negativos.

Arjona reafirmó que el Gobierno andaluz rechaza tanto el contenido como la forma del deslinde y, como resultado, procederá a presentar un recurso para proteger los intereses ambientales y patrimoniales de Andalucía. Enfatizó que no se trata simplemente de una cuestión de competencias, sino de sentido común y rigor científico. Las decisiones sobre el territorio, argumentó, deben basarse en realidades ecológicas concretas, no en interpretaciones administrativas que puedan alterar un equilibrio que ha funcionado durante décadas.

Finalmente, el viceconsejero reiteró la disposición de la Junta de Andalucía para mantener un diálogo institucional constructivo con el Ministerio, siempre que se respete la legalidad y los procedimientos establecidos. Recordó que el Consejo de Participación es el espacio diseñado para garantizar la colaboración y participación de todos los actores involucrados, y que ignorar su informe amenaza la relevancia de un modelo de gobernanza que ha sido referencia en la gestión de espacios naturales protegidos.