El pasado 24 de junio en Sevilla, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, presentó con orgullo la estrategia del Gobierno andaluz en materia de vivienda, destacando un conjunto de medidas tributarias que considera "uno de los paquetes fiscales más competitivos de España". Esta iniciativa está diseñada para beneficiar a 250.000 andaluces con una asignación presupuestaria que alcanzará los 460 millones de euros en 2024.

Durante su intervención en una comisión parlamentaria solicitada por el Grupo Vox, España también resaltó la "robusta vitalidad" del mercado inmobiliario en la región. Para ilustrar este fenómeno, citó un incremento notable en las transacciones de vivienda: en 2019 se contabilizaron 26.701 compraventas, cifra que se espera que alcance las 37.257 en 2025, lo que representa un crecimiento del 39,5%, significativamente superior al 33% a nivel nacional.

La consejera también aportó datos sobre el auge de las hipotecas, señalando que en el primer trimestre de este año se realizaron 22.759 operaciones, lo que significa un aumento del 30,9% en Andalucía, en comparación con el 21,2% a nivel nacional. Estas cifras reflejan una tendencia positiva en la financiación de la vivienda en la comunidad.

Asimismo, España respaldó su postura con datos del Ministerio de Vivienda, afirmando que Andalucía ha sido la comunidad autónoma donde más viviendas se han visado en 2024, con 35.184 autorizaciones, destacando que es el mejor registro en los últimos cinco años. En cuanto al impacto en el empleo en la construcción, informó que desde 2019 ha habido un incremento del 20,4% en el sector, generando aproximadamente 246.762 puestos de trabajo en el primer trimestre de este año.

La consejera también mencionó que se ha destinado un ahorro fiscal de 100 millones de euros para jóvenes menores de 35 años, estimando que alrededor de 80.000 personas se beneficiarán de esta política. Refiriéndose a un programa llamado Garantía de vivienda joven, subrayó un acuerdo con entidades bancarias que facilitará hipotecas a estos jóvenes bajo condiciones ventajosas, con un presupuesto inicial de 20 millones de euros.

Este programa se ha ampliado con una adicional inversión de 25 millones de euros y ha elevado el límite de edad de los beneficiarios hasta los 45 años, ofreciendo una cobertura total del 100% del monto solicitado, alcanzando así a 1.700 jóvenes afortunados.

A la hora de describir el panorama actual del mercado de la vivienda, España admitió que "la tensión entre oferta y demanda se ha incrementado", lo que, según ella, se debe a la escalada de precios y a la escasez de terrenos urbanizables. De hecho, el precio medio de la vivienda libre en Andalucía en mayo fue de 1.696 euros por metro cuadrado, lo que supone un ascenso anual del 9%, en línea con el crecimiento nacional, aunque el precio total en la comunidad es superior, alcanzando los 2.003 euros por metro cuadrado.

En lo que respecta a la vivienda protegida, el coste en Andalucía se situó en 1.180 euros el metro cuadrado, con un incremento del 1,7%, en comparación con los 1.170 euros a nivel nacional. La consejera atribuyó este panorama a "un contexto nacional caracterizado por un desequilibrio estructural", señalando un déficit que oscila entre 450.000 y 600.000 viviendas en todo el país y advirtiendo que solo el 1,5% del parque habitacional es vivienda pública, muy por debajo del 9% de la media en Europa.

España criticó las "políticas intervencionistas" del Gobierno central, argumentando que no han solucionado la crisis habitacional y han generado inseguridad jurídica, lo que ha provocado una drástica caída en la oferta de viviendas de alquiler. En respuesta a esta situación, la consejera aseveró que el Ejecutivo andaluz está trabajando para reactivar la promoción de vivienda protegida, que ha estado "prácticamente paralizada", afirmando que entre 2019 y 2024 se han promovido más de 13.000 viviendas de este tipo, un aumento significativo en comparación con el periodo anterior.

Sin embargo, pese a la importancia de la vivienda pública en Andalucía, que representa alrededor del 41% del total en comparación con otras comunidades, España enfatizó la urgencia de construir más viviendas para equilibrar la oferta y la demanda, con el objetivo de alcanzar precios más asequibles. En este sentido, presentó un decreto-ley que busca implementar un plan de emergencia para edificar 20.000 viviendas de promoción pública en los próximos cinco años, proponiendo diversas medidas para ampliar la oferta de terrenos destinados a este fin.

Por su parte, el diputado de Vox, José María Ortells, cuestionó las afirmaciones de la consejera, argumentando que "un nuevo 'boom' en la compraventa de viviendas" no necesariamente es resultado de la gestión del Gobierno del PP-A. Atribuyó este fenómeno a factores como el optimismo del mercado y mejoras en las condiciones hipotecarias, advirtiendo, no obstante, que tal aumento no se traduce en mayor accesibilidad para el ciudadano común, sino más bien en una competencia elevada por propiedades cada vez más escasas y costosas.

Ortells enfatizó que, con el salario medio en Andalucía, es casi imposible adquirir una vivienda en los municipios más tensionados, y la situación no mejora en el resto de la comunidad. También criticó la falta de una promoción eficaz de vivienda de protección oficial en los últimos seis años bajo el mandato del PP-A, sosteniendo que es imperativo liberar suelo a precios accesibles para construir más viviendas.

Finalmente, sugirió que los récords de ingresos fiscales derivados de este 'boom' inmobiliario deberían utilizarse para facilitar la compra de la primera vivienda a los ciudadanos más vulnerables, incluso planteando la eliminación de impuestos en las viviendas de protección oficial. Para concluir, abogó por continuar fortaleciendo las ayudas para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda en propiedad, reafirmando que en Vox creen que "la vivienda en propiedad es sinónimo de prosperidad y futuro".