ALMERÍA, 10 de enero. En un claro posicionamiento a favor de la comunidad pesquera andaluza, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado la necesidad de que la Administración pública asuma la responsabilidad económica derivada de las normativas establecidas por Bruselas. Estas medidas requieren que los profesionales de la pesca de arrastre puedan asegurar hasta 130 días de actividad al año.

Fernández-Pacheco ha expresado su preocupación sobre cómo la reciente decisión de la Comisión Europea impactará a los pescadores en Andalucía. En declaraciones a los medios, el consejero enfatizó su compromiso de llevar esta situación a la atención del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en la próxima reunión programada para el 15 de enero.

El consejero andaluz ha manifestado que es esencial obtener “los fondos necesarios a nivel europeo” para mitigar los efectos económicos de la implementación de nuevas redes y técnicas de pesca, consideraciones que van más allá de las ayudas parciales ya prometidas por el Gobierno central. Esto representa un desafío importante, ya que el sector se adapta a las nuevas normativas que, aunque necesarias desde el punto de vista medioambiental, pueden generar dificultades económicas significativas.

En esa misma línea, Fernández-Pacheco ha planteado la necesidad de contar con recursos que permitan indemnizar a aquellas embarcaciones que no podrán adaptarse a las nuevas exigencias reglamentarias y, como consecuencia, se verán forzadas a cesar sus actividades. “Es una opción que el ministerio debería considerar con urgencia”, ha manifestado, insistiendo en la importancia de cuidar el tejido económico de la comunidad pesquera.

A pesar de que el consejero aclaró que no se descartan opciones en la búsqueda de financiamiento adicional para las ayudas necesarias, destacó que lo prioritario es entender el alcance del apoyo que proporcionará el Ministerio. “Nuestro interés es que se atienda adecuadamente esta situación crítica antes de determinar nuestras acciones”, añadió Fernández-Pacheco.

Desde su perspectiva, el consejero reitera que lo fundamental es asegurar que los pescadores no sufran las consecuencias negativas de estas nuevas normativas, sin importar de dónde provengan los recursos que se utilicen para garantizar su actividad. “Con este objetivo, nos dirigimos a Madrid para dialogar con el ministro y en base a lo que nos presente, decidiremos los pasos a seguir”, concluyó.