En Sevilla, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado su descontento este martes debido a la reacción rápida de los líderes del PSOE tratando de limpiar la imagen del caso de los ERE luego de las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) con respecto a los recursos presentados por ex altos cargos socialistas condenados en el caso, incluso llegando a difundir la falsa información de que el TC había cerrado el caso.

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco respondió a preguntas en una rueda de prensa acerca de los borradores de sentencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, en los que se propone exonerar a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo de malversación, por la cual fue condenada a seis años de prisión, y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, condenado a siete años de cárcel.

El portavoz del Gobierno andaluz enfatizó el respeto de la Junta hacia las instituciones del Estado, pero señaló la sucesión de eventos desde que "durante la campaña electoral, el presidente del Gobierno anticipa en Benalmádena un fallo del TC afirmando que Magdalena Álvarez fue víctima de la derecha y la ultraderecha, y curiosamente unos días después el TC ratifica las palabras de Pedro Sánchez, algo sin precedentes hasta ahora".

Además, Fernández-Pacheco denunció la intromisión del TC al reescribir casos de corrupción en España y criticó la respuesta del PSOE al intentar limpiar lo que seguirá siendo "el mayor caso de corrupción de la historia de España". Lamentó la desvergüenza de algunos líderes socialistas que exigen disculpas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, mientras que deberían ser ellos quienes pidan perdón por desviar fondos destinados a parados andaluces para uso personal.

En cuanto al caso ERE, que aún tiene cien causas pendientes, Fernández-Pacheco retó a los que niegan su existencia a explicar qué pasó con los 680 millones de euros que pertenecían a los parados andaluces. Aseguró que el Gobierno andaluz continuará luchando para recuperar cada centavo y desmantelar la red clientelar que permitió al PSOE ganar elecciones en Andalucía.

Respecto a la imparcialidad del TC en este caso, el portavoz del Ejecutivo andaluz cuestionó la objetividad del órgano debido a las afinidades políticas de algunos de sus integrantes con los condenados en el caso ERE. Señaló indicios de intervención por parte del Gobierno en la institución, lo que pone en duda la integridad del Tribunal Constitucional en estos momentos.