SEVILLA, 14 de enero.

La Junta de Andalucía ha tomado la iniciativa este martes para realizar una contundente acusación contra María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Según representantes del Ejecutivo andaluz, el criterio adoptado para la distribución del impuesto sobre la banca ha llevado a la comunidad autónoma a sufrir una pérdida de 76 millones de euros, puesto que se ha priorizado el Producto Interno Bruto (PIB) en lugar de considerar el número de habitantes como base para el reparto.

En una declaración ofrecida tras la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, destacó que esta decisión representa un nuevo "agravio" hacia Andalucía, marcando así el inicio de 2025 con una crítica a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

España se mostró particularmente vehemente al expresar lo "injusto" de que la distribución de este impuesto dependa del PIB, una medida que ya se encuentra en vigor desde el 1 de enero. La consejera subrayó que, debido a este enfoque, “Andalucía está dejando de recibir más de 76 millones de euros", enfatizando que el criterio correcto debería ser la cantidad de población.

Además, mencionó que "Montero ha dejado en Madrid 76 millones de euros pertenecientes a los andaluces", haciendo alusión a las ambiciones políticas de la ministra, quien se perfila como candidata a la secretaría general del PSOE-A.

Carolina España continuó argumentando que recientemente Montero afirmó que no permitiría que se llevaran a cabo decisiones políticas que perjudicaran a Andalucía, y ahora se presenta el primer agravio del año 2025. A su juicio, se sigue favoreciendo a las comunidades autónomas más ricas en detrimento de aquellas con menos recursos o que enfrentan dificultades económicas.

La consejera explicó que, si el criterio de reparto se basara en la población, Andalucía podría haber recibido un total de 303 millones de euros; sin embargo, bajo el parámetro del PIB, la cantidad se reduce a 227 millones. Segun sus palabras, las comunidades que se verán beneficiadas con este criterio son Cataluña, País Vasco y Comunidad de Madrid.

Asimismo, alertó que, bajo el criterio del PIB, Andalucía será la comunidad que menor cantidad recibirá por habitante, con una media de 9 euros por debajo del promedio, y una diferencia de 14,5 euros en comparación con Cataluña, y 18,56 euros menos que el País Vasco. En particular, resaltó que las comunidades autónomas que ya están "infrafinanciadas", como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, estarán recibiendo recursos por debajo de la media, lo que acentuará una "brecha" significativa en la financiación.

Según sus declaraciones, "la brecha de la financiación se amplía con esta nueva medida perjudicial para Andalucía".

España también mostró su convencimiento de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como María Jesús Montero, llevan a cabo este tipo de decisiones no por convicción, sino por la necesidad de mantener su posición en la Moncloa, debido a que dependen del apoyo de comunidades como Cataluña y el País Vasco, que se benefician de este criterio de reparto.

“El alquiler de la Moncloa al final resulta muy costoso para todos los ciudadanos andaluces”, concluyó la consejera.

Por otra parte, Carolina España criticó la falta de noticias sobre la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un encuentro que el Gobierno central había prometido para enero.

La consejera señaló que no es la primera vez que el Gobierno central anuncia fechas para el CPFF y luego no cumple, manifestando así la disminución de la credibilidad de este Ejecutivo.