ALMERÍA, 25 Abr. - En un giro notable que sigue generando controversia, la Junta de Andalucía ha decidido llevar el caso del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La razón de esta acción es la falta de avances en la revisión de la licencia de obras otorgada a Azata del Sol para el controvertido hotel de El Algarrobico, lo que podría llevar a la imposición de sanciones económicas al primer edil.

Según un documento al que tuvo acceso Europa Press, la Junta ha solicitado al TSJA que considere la necesidad de aplicar sanciones al edil, quien, a pesar de haber manifestado que estaba trabajando en un informe sobre los procedimientos pertinentes, no ha iniciado las acciones necesarias para cumplir con una sentencia que declaró nula la licencia municipal correspondiente.

Los abogados de la Junta sostienen que la actitud del alcalde, centrada en solicitar un informe en lugar de proceder con la revisión, no representa un esfuerzo real por cumplir con el fallo judicial. "No estamos viendo ninguna acción efectiva que cumpla con el requerimiento del tribunal", destacaron desde el equipo jurídico, insistiendo en que ya debería haberse iniciado el proceso de anulación de la licencia por ser inválida por derecho.

Ante esta falta de acción, la Junta ha expresado su preocupación por el "considerable retraso" en la aplicación de la sentencia y ha aconsejado al tribunal que considere la posibilidad de sancionar al alcalde con multas que oscilan entre 150 y 1.500 euros o incluso abrir la vía para posibles responsabilidades penales por desobediencia.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace han sumado sus voces a esta crítica, pidiendo que el tribunal tome cartas en el asunto y actúe para llevar a cabo la anulación de la licencia, ya que consideran que el Ayuntamiento ha mostrado una clara falta de intención de emprender el proceso necesario. "Es evidente que el alcalde ha estado utilizando tácticas dilatorias", afirmaron desde Greenpeace, subrayando que ya han pasado tres años desde el fallo firme de la sentencia.

La solicitud del alcalde para elaborar un informe, justo cuando se hace evidente el vencimiento del plazo estipulado por el tribunal, ha generado sospechas entre los ecologistas. Según ellos, esta maniobra es parte de una estrategia para evitar el cumplimiento de una resolución que ordena no solo la anulación de la licencia, sino que también reconoce que el terreno donde está construido el hotel debe considerarse "no urbanizable" y de "especial protección".

Las alegaciones presentadas por la Junta y Greenpeace están ahora en manos del TSJA, que debe decidir si el alcalde debería haber procedido con la revisión de oficio del permiso otorgado a Azata del Sol. Aunque el tribunal ha instado de nuevo al alcalde a cumplir con el fallo, la constructora también ha solicitado que se actúe con rapidez, recordando que han instado a un anterior alcalde a hacer lo propio en febrero.

El objetivo es claro: la anulación de la licencia es un paso crucial para abrir la puerta a la demolición del polémico hotel, una acción vital que se perfila como necesaria para restaurar el entorno original, como subrayó el Tribunal Supremo. La jueza que lidera este caso, María Isabel Moreno Verdejo, ha instado al Ayuntamiento a actuar, aunque no se ha pronunciado sobre si el TSJA podría actuar de manera subsidiaria para ejecutar la sentencia, como ha solicitado la constructora y apoyado grupos ecologistas.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha defendido su postura, argumentando que, aunque la anulación de la licencia es el camino más directo hacia la demolición, solamente el Ayuntamiento tiene la autoridad para iniciar el proceso, dado que fue la entidad a la que se le asignó la responsabilidad de gestionar el procedimiento administrativo en virtud del "principio de identidad".