En Almería, el día 14 de mayo, el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, el ex interventor municipal José Alemán y otros 26 condenados en la macrocausa 'Poniente' han presentado recursos de casación al Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por la Audiencia de Almería.

Según el auto consultado por Europa Press, la defensa de Enciso alega que la sentencia de la Sección Tercera no especifica claramente cuáles son los hechos probados y señala contradicciones entre ellos.

Enciso, que fue condenado a cinco años y tres meses de prisión y 13 años de inhabilitación por malversación de fondos públicos, impugna el fallo también por considerar que se vulneró su derecho de defensa y que hay errores en la apreciación de la prueba.

Por otro lado, el ex interventor municipal José Alemán también ha recurrido la sentencia al considerar que no hay suficiente prueba de cargo y que se aplicó retroactivamente una norma desfavorable.

La Audiencia Provincial de Almería impuso a Alemán siete años y seis meses de cárcel por malversación y cohecho pasivo, además de 19 años de inhabilitación especial.

La Fiscalía Anticorrupción no ha recurrido la sentencia, pero sí lo han hecho el Ayuntamiento de El Ejido y la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria.

El Ayuntamiento de El Ejido pide al Supremo que revoque parcialmente la sentencia y condene al exalcalde por delitos por los que fue absuelto, como cohecho pasivo y societario, y aumente las penas de prisión, inhabilitación y multa.

Según el Ayuntamiento, Enciso recibía favores de personas con relación contractual con el consistorio o Elsur, y permitió un sistema de subcontratas y sobrefacturaciones que causaron grandes perjuicios al Ayuntamiento.

La acusación particular también pide que se condene al cuñado del exalcalde por tráfico de influencias y que se aumente la responsabilidad civil a pagar a 84,5 millones de euros.

El Ayuntamiento de El Ejido argumenta que las subcontratas de la trama causaron desfalcos en las arcas públicas y solicita que los responsables paguen por ello.

En relación a Abengoa, el Ayuntamiento pide que se condene al ex interventor municipal por delito societario a tres años de prisión y multa de 60,7 millones de euros.

La Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia porque los acusados fueron absueltos de los delitos fiscales que les imputaba y porque considera que se limitaron las indemnizaciones por el fraude a los años 2002 y 2003.

En resumen, los condenados en el caso Poniente siguen luchando legalmente contra la sentencia que los declaró culpables de corrupción política y empresarial en El Ejido entre 2002 y 2009.