ALMERÍA, 23 de julio. Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, quien fue cruelmente asesinado a la edad de ocho años en 2018 en Níjar, ha regresado al juzgado este miércoles para apoyar su denuncia en la investigación de supuestas amenazas que habría realizado desde prisión Ana Julia Quezada, la responsable del crimen. Patricia se ha expresado con fervor, pidiendo que se esclarezcan los hechos y solicitando medidas para que pueda vivir sin el temor que ha marcado su vida desde aquella tragedia.

La denuncia de Ramírez fue presentada el 31 de diciembre pasado después de recibir llamadas provenientes de números ocultos y ciertas advertencias de represalias por parte de Quezada, quien cumple una condena de prisión permanente revisable en el penal de Brieva, en Ávila. Se indica que la molestia de la condenada podría provenir de la interrupción de un proyecto de documental que planeaba realizar tras las rejas.

Al salir del juzgado, Ramírez reafirmó su denuncia y respondió a las preguntas planteadas por el tribunal. “Confío en que se prosiga con la investigación y se tomen las medidas adecuadas para que pueda sentirme más segura, porque esta situación es profundamente angustiante y me impide retomar mi vida", expresó visiblemente afectada.

Desde que presentó la denuncia, Patricia ha continuado recibiendo llamadas en un nuevo número, incluso algunas desde el extranjero, lo que incrementa su inquietud. “He recibido información de diversas fuentes que sugieren que Quezada podría estar utilizando dinero y manteniendo conexiones con personas fuera de la prisión", advirtió Ramírez, subrayando la gravedad de la situación.

La madre de Gabriel ha limitando su presencia en eventos públicos y tomado medidas para resguardarse en su hogar, buscando lugares seguros para pasar el tiempo. “He optado por retirarme de mis estudios y recluirme”, confesó, reflejando un estado de vulnerabilidad constante.

Patricia ha sido enfática al señalar que no debería permitirse la difusión del documental que Quezada anhela realizar. “Espero que las autoridades se opongan firmemente a que se aproveche de su condena para obtener ganancias. La ley es clara al respecto y ya no puedo soportar más esta situación”, manifestó con resignación.

La juez también ha citado a M.A.R.Q., la actual pareja de Quezada, quien podría tener un papel en esta trama de amenazas. Ramírez ha compartido sus inquietudes acerca de esta persona, sugiriendo que podría haber intenciones de represalias en su contra. “Ya le corresponde al juez decidir sobre posibles acciones”, añadió con determinación.

Durante la audiencia, un testigo propuesto por la acusación, que ejerce como tarotista, también ofreció su testimonio sobre las amenazas que Ramírez ha estado recibiendo. La abogada de la acusación, Verónica Guerrero, destacó que este testigo ha respaldado sus afirmaciones ante la policía y ha presentado "material audiovisual" que documenta las amenazas, el cual será presentado oficialmente al juzgado.

Aunque Quezada se presentó a la audiencia por videoconferencia, se negó a responder al juez, al igual que su pareja, quien optó por no declarar debido a la falta de acceso completo a la información del caso. La causa, que en un principio fue archivada de manera temporal, se ha reabierto tras un recurso presentado por la acusación, lo que ha llevado al juez a implementar medidas de protección que anonimicen todos los datos personales de Patricia Ramírez en el proceso legal.

La investigación sigue en curso, enfocándose en determinar si Quezada pudo haber realizado amenazas a través de intermediarios, así como en indagar el uso ilícito de teléfonos móviles en prisión y la posible complicidad de personas cercanas a la condenada.